miércoles, 30 de abril de 2014

Massa: la reforma laboral afecta las jubilaciones

POR ISMAEL BERMÚDEZ

El diputado advirtió que la baja de los aportes patronales implicará menores aumentos de haberes por la movilidad.

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30/04/14 – Clarin

El proyecto del Gobierno de reducción de las contribuciones patronales perjudica a los jubilados y pensionados y al sistema previsional en su conjunto. En lo inmediatoafecta el cálculo del coeficiente de movilidad jubilatoria uno de cuyos componentes es el incremento anual de la recaudación de la Seguridad Social. Así le advirtió a Clarín, el diputado Sergio Massa.

El proyecto oficial reduce a la mitad las contribuciones patronales en forma permanente sobre los trabajadores ya contratados en las empresas de menos 5 trabajadores y en forma temporaria para el resto de las empresas que contraten personal nuevo.

En consecuencia, el ex titular de la ANSeS dice que la Seguridad Socialrecibirá menos fondos que los que percibe en la actualidad y el índice de movilidad crecerá menos. A mediano y largo plazo, el sistema en su conjunto se ve afectado porque esas contribuciones reducidas se mantienen sobre 5 trabajadores aunque esas empresas aunque pasen a tener 7 trabajadores y en forma temporaria para el resto de las empresas.

Massa plantea que el objetivo de reducir la informalidad laboral no debe hacerse a costa de la movilidad jubilatoria. Por eso propone “encapsular” el indice de movilidad y que haya un registro especial con el número de trabajadores y el monto de las contribuciones patronales reducidas. Y que el Tesoro Nacional aporte a la ANSeS la pérdida de recaudación que resulte de la aprobación del proyecto.

Según Massa, el Gobierno se reconoce este perjuicio porque el proyecto dice que “las reducciones mencionadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social. El Poder Ejecutivo Nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción que se trata”.

Sin embargo, para Massa son párrafos generales sobre el financiamiento del sistema que “no dice nada del cálculo concreto del coeficiente o índice de movilidad que va a quedar afectado por la pérdida de ingresos resultante de la reducción de las contribuciones. La fórmula es un cálculo preciso que toma en cuenta el incremento de la recaudación. Si no se preserva el cálculo de esa movilidad, l os jubilados pagarán con menores ajustes en sus jubilaciones la reducción de las contribuciones patronales”.

jueves, 24 de abril de 2014

Jubilados deberán validar tarjeta SUBE

Lo piden choferes de distintas líneas de colectivos del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires y sino "no les respetan" la tarifa diferencial.

Varias quejas y dudas de jubilados y pensionados se recibieron en esta redacción consultando sobre "una validación" de los datos en la tarjeta SUBE que les piden choferes de distintas líneas de colectivos del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires y sino "no les respetan" la tarifa diferencial.

En la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina y en el área de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires también se recibieron denuncias y consultas al respecto.

Según las denuncias, cuando los jubilados suben al colectivo, como es habitual con la tarjeta SUBE y la constancia de afiliación a la obra social PAMI, los choferes de algunas líneas de transporte les preguntan si "tienen validados los datos en la tarjeta SUBE", dado que la máquina marca la tarifa con aumento, y si la tarjeta está "actualizada" se efectúa automáticamente el descuento de tarifa diferencial.

Frente a esa sorpresiva situación, llamaron a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), 0800-333-0300, y les confirmaron que se requiere una "validación" de los datos y que se realiza "en los centros de atención SUBE".

Una de las jubiladas -vecina del partido bonaerense de Lomas de Zamora- que se contactó con esta redacción comentó: "Al chofer de la línea 51 le pedí un boleto de 1,50, me preguntó si tenía revalidada la tarjeta SUBE, y como no la tenía, la máquina me marcó 2,50. Me quejé porque tenía la credencial de PAMI, pero igualmente me cobró 2,50. Llamé a la CNRT y me contestaron que tenía que validarla en un centro de atención SUBE. Me sorprendí porque no se había difundido que teníamos que hacer ese trámite".

Esta vecina se acercó entonces a la Delegación Municipal Temperley -Avellaneda 126-, donde hay un centro de atención de SUBE, con el Documento Nacional de Identidad, carnet de PAMI y le realizaron el trámite.

"Al tomar nuevamente un colectivo de la línea 51, ya con los datos revalidados, si bien la máquina marcó 2,50 -tarifa común- se me descontó automáticamente 1,50 -tarifa diferencial-", aclaró.

Otra jubilada -del barrio porteño de Villa Crespo- comentó a este diario que "a un chofer de la línea 151 le pidió un boleto de 1,70 -tarifa diferencial- pero en la máquina figuró 2,70 -tarifa común- y cuando se quejó le contestó que 'se lo van a descontar automáticamente de la tarjeta-" y se quejó por "si los jubilados tenían que validar la tarjeta por qué no se informó antes".

Ante la consulta de este diario, desde la CNRT se informó que "el usuario ya registrado en el sistema, con su nombre y apellido, deberá comunicarse directamente con la gente de SUBE al 0810-777-7823, opción 2, para verificar que en su tarjeta se haya grabado el atributo social correspondiente, según la resolución 975/12 artículo 5, que especifica que las tarjetas deben estar correctamente individualizadas".

Asimismo se indicó que "la gran mayoría de las líneas tienen el sistema automatizado, por lo cual, si el usuario exhibe la documentación y no está debidamente registrado, el sistema no hará el descuento automático y deberán pagar la tarifa común con SUBE".

En la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina también llegaron denuncias por esta situación, así como en el área de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cuyo titular, Eugenio Semino, presentó un pedido de informe.

En diálogo con este diario, la presidenta de la Mesa Coordinadora, Elsa "Pola" Monti,destacó: "A pesar que no se diera la información oficial suficiente, hay algunas líneas de colectivos que tienen actualizadas las máquinas y si los jubilados no tenemos revalidados los datos de la tarjeta nos cobran como a cualquier pasajero. Averiguamos y nos dijeron que para garantizar el beneficio se debe concurrir a un centro de atención de SUBE, con el DNI, la tarjeta respectiva y el carnet o recibo que acredita como jubilado.i

El VALOR de nuestro VOTO electoral

Los adultos mayores son un nuevo actor político

POR RICARDO IACUB ESPECIALISTA EN ADULTOS MAYORES

www.clarin.com - 24/04/14

Nuevos interrogantes genera el envejecimiento poblacional: ¿cómo podrían incidir los adultos mayores en el futuro escenario electoral?; ¿en qué medida es considerado este grupo como un actor político con particularidades y demandas específicas?

Los cambios demográficos son a su vez cambios políticos, económicos y culturales. El envejecimiento de la población argentina ha aumentado 7.5 puntos porcentuales durante los últimos 100 años. En 1895 los denominados “adultos mayores” constituían solo el 2,5%, lo cual resulta lógico, puesto que para ese entonces Argentina era un país muy joven y la expectativa de vida era muy baja. Actualmente, según el Censo Nacional 2010, el número de personas mayores de 60 años asciende a 5.725.838, lo que significa casi un 15% de la población general.

Estos datos comienzan a incidir de manera directa en los procesos electorales. La legislación electoral obliga a votar a aquellos que tengan entre 18 y 69 años de edad. Es opcional para aquellos que tengan 16 y 17 años, y también lo es para los que tienen 70 años o más. Lo relevante es que, de los que están obligados a sufragar, el grupo de los que tienen entre 60 y 69 años representa un 12% del padrón. Con aquellos de más de 70 años, los adultos mayores representan el 21% del padrón, es decir, 1 de cada 5 votos corresponde a esta nueva “multitud”.

A esto debemos sumarle un proceso de transformación cultural altamente globalizado, en el que este grupo etario comienza a identificarse políticamente, más que con sus partidos tradicionales, con quienes resuelvan sus reivindicaciones:jubilación, acceso a la salud, educación, esparcimiento, etc.

La nueva generación de adultos mayores cuenta con una serie de requerimientos específicos en su trato y modos de comunicación que agregan, a los tradicionales intereses ya mencionados, un adecuado uso de la terminología, de las imágenes, de las ofertas de servicios, etc.

Los estudios efectuados revelan que son pocos los partidos que han dirigido las estrategias comunicacionales del marketing político hacia los adultos mayores. Las escasas propuestas efectuadas a este grupo no siempre contaron con herramientas específicas –sea en su contenido o en su forma- y la consecuencia de esta falta fue que no resultaron ser bien recepcionadas.

El creciente empoderamiento de los adultos mayores, la denominada “revolución gris”, convoca inexorablemente la atención de sociólogos, comunicadores y estrategas políticos para comprender las implicaciones que tiene una sociedad envejecida. Esta gran minoría requiere que se tengan en cuenta sus características, segmentaciones y necesidades, y ello implica una readecuación de los discursos y de la oferta de propuestas.

El desafío consiste en poder reconocer a esta franja poblacional como actores políticos influyentes y actuar en consecuencia, dada la singular importancia que podrían adquirir a través de sus votos.

lunes, 21 de abril de 2014

“Es una burla: nos aumentaron $ 9 por día”

21/04/14 - 00:27 – www.clarin.com

Sí, realmente los jubilados somos los ignorados. No tenemos gremio que nos defienda, por lo tanto no tenemos paritarias, palabrita de moda en estos momentos. Vivimos pendientes de los caprichos de un funcionario para calcular el aumento que, por ley, nos corresponde cada seis meses.
En marzo acabamos de cobrar el último ¿aumento? de haberes. Y fuimos burlados con el porcentaje del mismo, 11%, o sea $ 9 por día. Si consideramos que en los dos primeros meses del año la inflación medida por el Estado fue de el 8%, nos sentimos burlados ya que ahora debemos esperar seis meses para que nuevamente, con bombos y platillos, y con el asentimiento de los aplaudidores subsidiados de siempre, nos comuniquen la nueva burla que se nos hace.
¿Dónde están nuestros representantes en el Congreso? Deberían pedir, exigir que se termine con este abuso al que somos sometidos. Los hijos o parientes cercanos nos ofrecen ayuda para continuar sobreviviendo, pero eso no es agradable para la dignidad de personas que hemos aportado durante más de 40 años para tener una vejez tranquila. ¿Dónde están los gremios anunciando un paro, una marcha, algo, en defensa de los jubilados, que en definitiva fuimos afiliados a los mismos?

Hay movimientos de hijos, de nietos, de madres, de abuelas, pero a favor de otras causas. No hay hijos nietos, parientes jóvenes que acompañen, no con ayuda monetaria, sino con un movimiento, que por ejemplo podría llamarse “Hijos y parientes de jubilados”, una especie en extinción por el alegre abandono al que los somete cada gobierno de turno.
Nos obligan a hacer juicios para reclamar lo que por ley nos corresponde, demorándolos con argucias legales a los efectos de no pagarlos. En fin, los funcionarios creen que con $ 2.700 se puede vivir, mientras los dineros de la ANSeS se reparten para otros fines.

Roberto Vitale
rovitale@ymail.com

Voces, reclamos y esperas de jubilados
Señor director de la ANSeS, Diego Bossio, a fin de que se efectivice la ejecución de la sentencia firme del reajuste del 82% móvil de mi haber previsional, se me exige acompañar planillas actualizadas con el sueldo del personal docente en actividad cada vez que se produce un aumento para el mismo.
A fin de cumplir ese cometido -a mis 80 años- debo presentarme ante la Dirección Administrativa Docente y solicitar que se me entreguen las planillas, trámite que puede llevar más de 3 meses. Una vez obtenida la planilla debo presentarla en la ANSeS, Departamento de Unidad de Atención de Trámites de Alta Complejidad. Mi primera presentación para obtener el reajuste demoró 6 meses. ¿Le parece justo a mi edad y en la era de la informática semejante trámite burocrático?

Susana María Promet
pipiberto@gmail.com


Porque no quiero convertirme en un “caso Schvartzman” más, el jubilado que pese a tener 103 años la ANSeS le seguía demorando el reajuste ordenado por la Justicia. Dado que el tiempo de los jubilados transcurre más rápido que el de las soluciones de los funcionarios, reitero una propuesta realizada hace un año. La creación de un bono previsional que permita saldar la deuda que la ANSeS mantiene de los juicios con sentencia judicial. Según datos de este organismo, durante el pasado año, el pago de éstas representó el 10% de las que están en trámite. Una simple cuenta, sin entrar en detalles, nos indica que a valores constantes, el último décimo de jubilados cobrará dentro de 10 años. Porque aún mantengo las facultades físicas y biológicas en condiciones, considero un acto de estricta justicia que aquellos que aportaron durante toda la vida activa puedan vivir con dignidad el tiempo restante, que nadie sabe cuánto mide.

Juan José de Guzmán
jjdeguz@gmail.com

Los docentes, a costa de tener a nuestros hijos sin clases semanas, consiguieron un 30% de aumento. Convengamos que un sueldo docente es bastante digno en la actualidad, además de poder jubilarse pasados los 50 años de edad, lo hacen con el 82% móvil, cosa que no sucede con un trabajador que aporta a la ANSeS, quien debe trabajar hasta los 65 años, luego del cual recibe miserables $ 2.700. Un jubilado docente, puede seguir manteniendo su autito, un jubilado nacional (ANSeS) se debe conformar con una bicicleta. ¡Qué país desigual es la Argentina” Además, hay que considerar que en marzo recibieron un 11,3%.

Darío Rosa
dario_rosa@yahoo.com.ar

Algunas declaraciones del señor Florencio Randazzo en relación a los maquinistas del ferrocarril que ganan $ 22.000 por mes y que apoyaron el paro de la CGT del 10 de abril han provocado malestar. De ellas surge que el ministro no entiende como ganando esa suma fueron igualmente al paro.
Ante todo tienen libertad para decidir lo que es más conveniente y no tiene nada que ver con lo que ganan, si están de acuerdo con sus objetivos es razonable que se plieguen a la medida.
En cambio, Randazzo perdió una gran oportunidad para referirse a los $ 2.775 por mes que ganan los jubilados, incluidos los ferroviarios. De ese tema guardó estricto silencio. Tampoco habló de sus ingresos como ministro, por lo que sus críticas caen por su propio peso.

Mario Parafati
malepara@yahoo.com.ar

Cuando cumplí la edad jubilatoria para iniciar el trámite, se me informó en la ANSeS que al ser pensionada debía abonar toda la deuda de moratoria para poder jubilarme. Así lo hice, con gran esfuerzo, e inicié el trámite. Como tenía unos meses de servicio doméstico y pese a que los mismos estaban depositados en tiempo y forma y que la verificación la hizo la ANSeS a mi empleadora, se rechazó el trámite.
Decidí volver a iniciarlo el 25 de marzo de 2013, pero sin contar con esos servicios, sólo mis aportes autónomos y moratoria, porque me dijeron que de esa forma el trámite sería mas rápido. Pero pese a ello desde el 17 de abril de 2013 se encuentra en cómputos y liquidación. Llevo casi un año de espera. Tengo que asistir a una hermana enferma en la provincia de Salta y ya creo que esperé el tiempo suficiente.

Elvira Nolasco
mcdimotta@tutopia.com

El arduo trabajo de ser juez y enfrentarse al poderoso Estado

aaja

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO CON PERSONERIA JURIDICA  Nº 941/2006

Por una justicia independiente

En un acto oficial (ver min. 34:45, link: http://www.youtube.com/watch?v=rmiCvJy1fjA) la Sra. Presidenta preguntó, en referencia a mi padre: ¿Dónde estaba [ese juez] cuando las jubilaciones estaban congeladas, cuando había 25% de desempleo? ¿Dónde estaban cuando millones de viejos no podían jubilarse porque les habían robado los aportes? No estaban allí para defender los derechos de nadie…” Luego, repitió algunas acusaciones mientras el público, desconocedor, y a la vez leal, arengaba sus banderas y hacía rugir sus  bombos, como traduciendo en ruidos sus inquisiciones.

En primer lugar, que la Sra. Presidenta se dirija personal y directamente a mi padre, que ya es un tema. Pero que se ponga en tela de juicio –parcializando la información- el trabajo de alguien que siempre tomó cargo como un desafío, y sus principios como dirigentes de todas sus decisiones, aún cuando ello significara incomodarlo, es otro.
Desde mi juventud siempre leí, vi y escuché hablar de él en el diario, en la televisión y en la radio. Todo el tiempo supe que ello fue porque siempre, en los países donde falta plata, los Gobiernos se ven tentados a usar la plata de las cajas jubilatorias para otros fines diferentes que para el pago de las jubilaciones. Es mucha, pero mucha caja. Siempre pasó, este gobierno no es el primero. A veces se usa para fines loables y a veces no. A veces, el efecto pernicioso se sufre en el corto plazo y a veces, quienes sufrirán ese saqueo es la clase trabajadora, la que no se jubiló aún. En cualquier caso son fines distintos a los que ordena la ley, y a la justicia le corresponde corregir este uso indebido. Y mi padre, nunca miró para otro lado frente a su deber.

Pero como pasa en todos los ámbitos judiciales, cuanto más tarda la justicia en llegar, más tiempo tiene disponible el deudor para usar el dinero. Y no hay que ser muy versado para saber que para los jubilados, el tiempo es especialmente crucial.

Por ello, ya en el año 1992 (la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social se creó en 1989), la Sala II declaró la procedencia de la vía del silencio de la administración contra la demora en resolver las peticiones de los jubilados. Fue en el Fallo “Galbusera, Dante”. ¿Qué hizo la ANSeS ante la decisión de la Justicia? Apeló y apeló, hasta que recién, la veloz “corte” de los noventa convalidó dicha doctrina en el año 1.999, en el fallo “Villarreal, Clara Baudilla”. Era claro que si la ANSeS dormía los expedientes, era viable la vía del silencio de la administración para que la justicia diga lo que la ANSeS se negaba a decir.

El gobierno menemista siempre quiso recortar el gasto que significaban los abuelos. Así fue que dictó uno de los decretos de necesidad y urgencia más injustos que un gobierno democrático puede dictar. Como si los jubilados tuviesen mucho tiempo para litigar, el presidente Menem –en su primer DNU después de la Reforma Constitucional de 1994- suspendió el trámite de los procesos previsionales durante 6 meses y pretendió prohibir a los jueces dictar sentencia en dicho lapso. Por suerte, no hubo hesitación y la misma Sala II, integrada por los mismos jueces, declaró la nulidad absoluta e insanable de aquél DNU. Algunos dirán “que bien la Justicia, cuanta independencia del poder político” –recuerden que era 1995-. Pero no, la sociedad debe saber que la Sala II fue el único Tribunal que declaró inconstitucional esta norma, que alcanzaba a cinco fueros (incluida la Corte Suprema). El fallo fue dictado en el juicio “Elkan, Tomás Tiberio”.

¿Todo quedó allí? No, claro que no. La Ley de Solidaridad Previsional del año 1995 (uno de los caballitos de batalla del ministro Cavallo para disminuir el gasto público) ordenaba adecuar las causas radicadas en la Cámara de Seguridad Social a un nuevo procedimiento establecido (uno más lento, claro), sin importar el estado del trámite en el que se encontraban y el tiempo que se perdería. Otra vez, la Sala II, el dolor de cabeza para Cavallo y su plan de ajuste hacia los más débiles, volvía a declarar la inconstitucionalidad a través del fallo “Hussar, Otto”

Pero la intención de no pagar era clara. Y una vez más el más débil debió sufrir las consecuencias de su fragilidad. Increíblemente se pretendió decirle a un jubilado “No tengo plata para pagarte”. Así como suena. Esto que parece chabacano y burdo, en los hechos, pretendió argumentarse en la Ley de Solidaridad Previsional que estableció la arbitraria excepción de “falta de recursos” que podía oponer la ANSeS ante los pedidos de reajustes de los jubilados. O sea que, como defensa a su falta de pago como la ley lo ordenaba, la ANSeS podía decir, justificado por ley, “No tengo plata”. Imagínense el daño que ese argumento amparado por ley podría hacer en el ámbito empresarial, y luego piensen sus consecuencias ante un reclamo para pagar la vivienda, la comida o los remedios. La Sala II por medio del fallo “Ciampagna, R.” declaró inconstitucional ese ilógico argumento.

Ahora bien, claro que poco hubiese podido hacer el Estado sin la connivencia de los otros poderes. De ahí surge la famosa corte adicta. Esa “corte” (con minúscula), dictó el fallo “Chocobar, Sixto Celestino”, por el que se dijo que “la obligación estatal de satisfacer el contenido económico de la movilidad jubilatoria encuentra el límite en las concretas posibilidades de cada Estado”. ¿Qué es la movilidad? Básicamente una garantía constitucional que obliga al Estado a respetar una razonable proporcionalidad entre las jubilaciones y el salario de los trabajadores activos. Eso que parece una verdad de Perogrullo, si se analiza un poco se vislumbra su injusticia con claridad (modificá las partidas, pero no dejes de pagarle a un jubilado que no tiene otro ingreso). ¿Qué pasó? Con coraje y convicción, la Sala II, en la causa “González, Herminia” se apartó de dicha doctrina. Por supuesto que  la corte revocó la sentencia de la Sala II y “Chocobar” siguió siendo la doctrina aplicable por 7 años más hasta que la Corte –en su composición actual- dicto el fallo “Sánchez, María del Carmen”.

Ahora bien, otro de los métodos que tiene el Estado para ahorrar plata para las prestaciones jubilatorias, es aumentando la edad jubilatoria. Menos gente se jubila, menos plata tiene que pagar.

Ya durante el gobierno de la Alianza, se intentó eliminar por decreto la prestación básica universal e incrementar la edad jubilatoria de la mujer. Una vez más, a través de una medida de no innovar dictada en el fallo “Carrió, Elisa y otros”, la Sala II suspendió los efectos de ese decreto. Con la caída del gobierno de la Alianza, esta protección cautelar se convirtió en definitiva.

No es una cuestión política. Se trata solamente de proteger los derechos amparados por la Constitución Nacional. Es sólo cuestión de, como justicia, proteger al más débil frente a los avances del poderoso Estado.

Creo que en esa época escuché por primera vez una frase que mi padre repite siempre, ya que la toma como principio rector del ejercicio de la magistratura: “No pretendas ser juez si no te hayas con valor de hacer frente a las injusticias…”. Es verdad que en esa época el poderoso podría no ser el Estado, sino un poder que ordenaba los actos de un gobierno lisa y llanamente fundido. Pero como sea, ese poder hablaba a través del Estado y era la justicia la que debía detener su avance.

También en esos años, la Sala II, en uno de los fallos quizá más trascendentes por el contexto político, y por la injusticia y arbitrariedad de la medida, aceptó el reclamo del Defensor del Pueblo y declaró inconstitucional el descuento del 13% a los jubilados. Por suerte, y sorpresivamente (tal vez por la reacción pública que tuvo la medida –hasta Mirtha Legrand interpeló a Patricia Bullrich en su programa-), este fallo fue cumplido y a los tres días se dictó el Decreto 1.819/02, por el que se dispuso el cese del descuento y la devolución de lo retenido en títulos públicos. Ahí estaba la trampa, ¿En títulos Públicos? ¿En el 2001? Rápidamente, la Sala II declaró la inconstitucionalidad del Decreto 1.819/02 y dispuso la devolución en efectivo. Los títulos, se convirtieron en basura al poco tiempo.

En ambos casos, quien demandó fue el Defensor del Pueblo de la Nación, y en ambos casos, otra vez esa “corte” adicta, rechazó la facultad del Defensor del Pueblo para representar a los jubilados.

Fueron tiempos muy difíciles, no debe ser fácil ser juez y tener como partes litigantes dos antinomias en el 98% de los juicios a su cargo. No debe ser fácil, y menos cuando las cuestiones en juego son prestaciones alimentarias que necesitan respuestas inmediatas y que no pueden quedar libradas a la voluntad de ningún gobierno de turno.

Pero no hay peor justicia que la que no es respetada ¿Para qué tendrá un país un régimen republicano, si el control efectivo por parte de los poderes del estado no se ejerce? ¿Cuánto valor tiene un juez que aparta sus convicciones para que no lo quiten de su cómodo sillón?

La ANSeS, nadie lo puede negar, obligó siempre a los jubilados a litigar. Si éstos no litigan, no ven reajustados sus haberes y no cobran justamente. Es ridículo, pero es así. ¿Qué debe hacer un juez frente a ello? ¿Es natural ese proceso para percibir las jubilaciones? Claro que no, debe cambiar porque es injusto y es el juez el que debe hacer frente a las injusticias. El hombre justo no es el que no comete injusticias, sino el que pudiendo ser injusto, no quiere serlo. Y así debe pensar un juez.

Por ello, esta Sala II, con los votos de los Dres. Fernández y Herrero (mi padre), hizo lugar a una medida cautelar para que se le pague a un jubilado la movilidad ya decidida por la Corte en el fallo “Badaro, Adolfo Valentín”, bajo apercibimiento de una multa personal en cabeza de los funcionarios en caso de incumplimiento. Con esta medida cautelar, se lograba evitar que el jubilado litigue por 7 años para poder gozar de un derecho ya reconocido por la Corte Suprema y que, sin lugar a dudas, 7 años después se le iba a reconocer. El fallo fue “Capa, Néstor”, del año 2009.

Sin quererlo, se abrió la caja de Pandora, y con la intervención de la jueza que votó en disidencia, con denuncias infundadas e incluso violando principios constitucionales, comenzó el intento de acabar con esos jueces irreverentes e irrespetuosos del poderoso Estado.

Hoy estamos en el final. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, por “mayoría”, dictó una resolución en la que imputa “mal desempeño” a los Jueces Herrero y Fernández –¡Pero qué casualidad!- y los citó para ejercer la defensa el 25 de abril de 2014 al mediodía. O sea que mientras se retrasa el juzgamiento del Juez Oyarbide, se cita a declarar a los Jueces miembros de la Sala II.

Antes de la citación, se llegó demasiado lejos con las recusaciones infundadas, que fueron rechazadas finalmente –aunque muy tarde, ya que más de 10.000 juicios quedaron a la espera de que se resuelva- por la Corte Suprema. Sólo estuvieron a favor de las recusaciones el Procurador interino (Dr. Gonzalez Warcalde) y el Dr. Zaffaroni. Cuando leí las opiniones, recordé el dicho que dice que es más importante que un Juez sea buena persona, antes que un erudito del derecho.

Hoy, se culpa de la parálisis de la Sala II a los dos jueces. La Dra. Dorado, quien votó en disidencia en el fallo “Capa”, jamás fue recusada ni denunciada, claro está. Nada se dice de los más de tres años de parálisis que sufrió la Sala II a raíz de las recusaciones de ANSeS. Con una desfachatez inaudita se inventa que el servicio de justicia en la Sala II se vio afectado por un conflicto personal, pero se soslaya la actitud de la jueza Dorado, que le dio trámite a miles de recusaciones arbitrarias y maliciosas planteadas por la ANSeS por la causal de “prejuzgamiento”, contra el tribunal que había rechazado unánimemente, a su vez, la recusación de ANSeS contra mi padre. No se prejuzga en una resolución, sino cuando se adelanta una opinión antes de ella. Por eso debió rechazar de plano esa recusación, y no darle cabida –como hizo la Dra. Dorado- para que, en definitiva, muchos miles y miles de expedientes, no puedan ser resueltos en un tiempo prudencial. Eso afecto verdaderamente el servicio de justicia, y no las mentiras que se invocan en las acusaciones. 

Se cuestiona también las opiniones de mi padre en una nota que concedió al periodista del diario Página 12, David Cufré (http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-209399-2012-12-07.html), cuyo título malicioso le permitió a la Sra. Presidenta en un acto político afirmar que para mi padre “la Asignación Universal por Hijo estaba mal”. Nada más alejado de la realidad; solo basta con leer la nota entera para persuadirse de tal mentira.

En dicha nota, se publicó lo que opina un juez que vive en carne propia los problemas de la administración de justicia de la que forma parte, por ejemplo el colapso del fuero, el incumplimiento de las sentencias, el uso de los fondos del sistema previsional para fines ajenos al pago de las prestaciones, la necesidad de litigar 7 o más años para obtener un derecho que la Corte Suprema ya declaró en varias causas como “Sánchez, María del Carmen” ¿Está mal opinar de hechos públicos y notorios, y denunciarlos para que cambien?¿No es eso un real compromiso?  

Además, se acusó a los jueces Fernández y Herrero desobedecer el art. 195, último párrafo del Código Procesal que prohíbe a los jueces “decretar medidas cautelares que […] de cualquier forma perturben los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias” (claro, sin tener en cuenta que la Corte Suprema señaló en 2009 en el fallo “Reguera Sara c/ ANSeS s/ejecución previsional”, que esta norma no era aplicable a los procesos previsionales). Pero lo peligroso en este punto es que un órgano de naturaleza “administrativa” y no “jurisdiccional” pretenda revisar la legalidad de una decisión jurisdiccional, arrogándose las facultades que en tal sentido le corresponden a la Corte Suprema como órgano superior. Los varios casos como “Capa, Néstor”, aún esperan que ésta se pronuncie al respecto.

El Tribunal que juzgo las recusaciones, así como los Señores Senadores y Diputados, de distintos espacios, divisaron la actitud de la ANSeS en cuanto ejerce una “…deliberada política institucional adoptada […] para apartar a uno de sus jueces del conocimiento de los expedientes sometidos a su decisión, en lo que puede calificarse como abuso del derecho  (art. 1071 del Código Civil) [...]” (doctrina confirmada por la Corte Suprema en la causa “Aguilera Grueso”, del 2012). Esta “deliberada política institucional” a la que se refiere dicho tribunal,  se ha potenciado –en lugar de desaparecer- con la citación efectuada a los jueces Emilio L. Fernández y Luis R. Herrero, para el próximo 25 de abril del corriente año, al mediodía.

Soy hijo del Dr. Herrero. Pero no es ésta sólo una simple preocupación personal. No escribo esta reseña para que se conozca el dolor de la familia o la sensación de impotencia que genera el hecho de ver como penosos seres sin dignidad, sin otra convicción más que la de servir a intereses personales, pueden poner en jaque toda una vida de trabajo. 

Escribí estas palabras para responder a la Sra. Presidenta y a todos los que se preguntaron lo mismo. Ese juez siempre estuvo en el mismo lugar, ejerciendo la magistratura con firmeza, luchando sin otras armas que sus convicciones, para honrar la investidura que constitucionalmente se le otorgó.

Ser juez no es fácil, y menos lo es cuando la injusticia ha envenenado el árbol. Y la injusticia y la ilegalidad no tienen mayor activo que la clandestinidad.

El 25 de abril de 2014 no se juzgará la conducta de dos jueces, se pondrá en jaque la independencia del poder judicial y las garantías de los ciudadanos. El derecho de todos de tener una justicia que, sin importar los tres gobiernos democráticamente elegidos que pasaron desde que fue creada, honre el mandato que siempre fue el mismo: Dar a cada uno lo suyo.

La clandestinidad y el silencio es el mayor activo de la ilegalidad. Por favor, pasa este mensaje. No es al Juez Herrero o al Juez Fernández a los que hay que proteger, sino que es a la injusticia a la que hay que combatir.

José Ignacio Herrero

Abogado – Hijo

nachoherrero22@gmail.com

lunes, 14 de abril de 2014

“Debió esperar 15 días para su remedio oncológico”

“Debió esperar 15 días para su remedio oncológico”

14/04/14 – Clarin

Mi marido, Gunter Bruno Bieber (DNI N° 93.746.829) padece de un cáncer de estómago y fue en su momento gracias a una carta publicada en Clarín que pudimos conseguir de PAMI las medicinas para realizar la quimioterapia indicada. Esta vez escribo porque ha surgido una nueva situación conflictiva.

Para evitar dolores, mi marido debe tomar una medicina, Metadona, cuya droga es la morfina y requiere por lo tanto dos recetas, la estándar y una especial prescripta por ley. El costo de esta droga es muy elevado por lo cual gestionamos la provisión por medio de PAMI, que la autorizó.

El oncólogo que lo atiende en el Hospital Francés le dijo que por esa única vez le daba la receta ordinaria conjuntamente con la específica correspondiente a drogas. Le indicó que en lo sucesivo debía solicitar dichas recetas a su médico de cabecera.

El jueves 20 de marzo concurrí a lo del médico de cabecera para retirar las recetas que me permitirían efectuar la compra, pero para mi sorpresa una secretaria, de muy mal modo, me informó que el doctor no las hizo y que mi marido tenía que concurrir personalmente.

El 26 de marzo, con mucha dificultad, y haciendo un esfuerzo que no debería, mi marido concurrió al citado lugar y se entrevistó con el doctor. Este le manifestó ignorar que existía una receta de ley para drogas que emite el Ministerio de Salud y le pidió a mi marido que él la consiguiera.

¿Cómo es posible que existan profesionales que manejan la salud de la gente e ignoran lo más elemental de su profesión?

Ante esta situación, el jueves 27, mi marido tuvo que concurrir al Hospital Francés y pedirle a su oncólogo la receta que, finalmente, y después de tanto tramiterío inútil, obtuvo.

Resumiendo, obtener un medicamento que es para calmar dolores llevó 15 días, yo tuve que ir dos veces al médico de cabecera y mi marido enfermo, una vez al médico de cabecera y otra vez al oncólogo La pregunta es: ¿cómo sigue esto? Y si cada vez que haya que obtener una receta deberemos pasar por esta burocracia dilatoria.

Olga Copello ocopello2001@gmail.com

Voces, reclamos y esperas de jubilados
Viendo las cartas de los jubilados me he puesto a pensar que probablemente se les pueda hacer juicios penales a los funcionarios que utilizan los fondos de la ANSeS para otros fines.

Yo no soy abogado, pero el sentido común así me lo indica.

Tendrían que juntarse algunos grupos de jubilados, con sus abogados y la participación de especialistas penales y previsionales y estudiar el tema.

Si se procesa penalmente a estos “malos tipos” por ahí se asustan y pagan lo que corresponde.

Rafael Madero rafamadero@hotmail.com.ar

Por segunda vez debo contarles que los problemas del PAMI son cada vez más graves.

Hace unos días tuve que ir a un médico especialista en Capital, y al presentarme me dijo que lamentablemente debía cobrarme $ 100 si lo visitaba por PAMI. Esto es debido al deficiente pago por sus servicios. Les abonan apenas $ 35 por paciente y tarde. Como soy ciudadano y jubilado, esto ya lo sé y pagué pues es mi salud la que tengo en riesgo. Pero esto no es lo único, sino que debo recibir una medicación oncológica y cada mes se retrasa llegando ya a los 30 días de retraso.

Quiero dejar aclarado que esta carta de protesta es sin bandería política, sino en defensa de mi salud. He pagado regularmente más de 30 años y no para esto.

Horacio Scoppa horacio.scoppa@gmail.com

Soy jubilada docente de la provincia de Buenos Aires y desde que tengo la tarjeta SUBE, con la sola presentación de mi carnet, me realizaban el descuento correspondiente.

Pero algo cambio y por supuesto sin previo aviso, ni respuestas o explicaciones coherentes.

Ahora es necesario registrarse nuevamente con el recibo mensual, DNI y la tarjeta en un centro SUBE que hará el trámite. Por supuesto, esos centros están colmados de jubilados que se enteraron por el boca a boca o por la explicación del colectivero que el sistema anterior había caducado.

Y ahí surgen las preguntas: ¿es necesario que debamos volver a hacer el trámite cuándo ya estamos acreditados con nuestro carnet jubilatorio? ¿Creen que podemos estafar con nuestra condición de jubilados? Están los jubilados en condiciones saludables para estar haciendo trámites desde tempranas horas? No alcanza ya con lo maltratados cotidianos que también debemos soportar que desconfíen de nosotros?

Graciela Tacconi grata49@hotmail.com

Me pregunto ¿dónde quedó mi risa? Sí, siento que tengo muy pocos motivos para reírme, con una pensión no contributiva de menos de $ 1.900 me tengo que manejar sola todo un mes. Me gustaría que me dieran la receta para hacerlo.

Tengo mi casa propia, pero con los ladrillos no como, y lamentablemente se deteriora día a día. Arreglarla, ¿con qué? Tengo una hija casada y dos maravillosos nietos. Al más grande siempre he podido llevarle aunque sea unas golosinas cuando lo visitaba, ahora debo privarme de ese gusto. Y ver la carita de él cuando me dice: “¿Abue, me trajiste cosas ricas? Al bebé de 7 meses no pude comprarle ni un chiche. Me pregunto si esto es justo.

Y para mí recorro y miro la ropa y todo lo lindo desde la vidriera. Tengo 63 años, vivo en Caseros y cuido abuelos o niños, pero no consigo nada de trabajo. Si alguien lee esta carta y necesita de mis servicios, bienvenido sea.

Liliana Marchesini razzaprincesa@hotmail.com

Miren el hoy, no el 2015. Amparados por un seguro sueldo a fin de mes gobernadores y legisladores prometen para el año que viene y se olvidan que nosotros vivimos el día a día. Para ellos parece que el hoy no existe. Pese a aprobar la ley de leyes, el Presupuesto nacional 2014, enviado por la Presidenta, el primer mes, enero, llegó una mega devaluación que no figuraba en línea alguna de lo votado, alterando la vida de todo el país. Los jubilados no hacemos huelga, pero estamos vivos.

Patricio Avellaneda patoave48@gmail.com