POR FERNANDA REYES EX DIPUTADA NACIONAL, ECONOMISTA DE COALICIÓN CÍVICA
El paquete de modificaciones presentado por el Ejecutivo decreta el final de la independencia judicial como garante de los derechos humanos.
16/04/13 – Clarin
La llamada “democratización” de la justicia representa una avanzada contundente contra las principales bases de esta institución. Los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo decretan el final de la independencia judicial como garante último de los derechos humanos.
El efecto sobre el derecho de los jubilados es claro; el gobierno nacional mediante la creación de la Cámara de Casación busca dilatar aun más el pago de las sentencias.
El argumento esgrimido por el gobierno es la necesidad de generar una instancia intermedia entre la Cámara de la Seguridad Social y la Corte Suprema para descomprimir al máximo tribunal de expedientes.
Sin embargo, desde el dictado de la Ley 26.025 se derogó la posibilidad de apelar ante la misma en forma ordinaria, es decir, sin necesidad de acreditar un agravio de carácter federal, que habilite la competencia del Alto Tribunal.
Esta derogación permitió una disminución importante de la cantidad de causas previsionales que llegan a la Corte Suprema. A su vez, la Resolución Nº 955/08, de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, autorizó a la ANSeS a no apelar la mayoría de las sentencias. Por lo tanto, esta nueva instancia no tiene ninguna justificación procesal.
Lejos del fundamento histórico de las cámaras de casación que fue habilitar una instancia de excepción, el recurso de casación propuesto por el gobierno permite cuestionar la aplicación e interpretación del derecho que hizo el juez anterior, o sea, es similar a una apelación ordinaria, no excepcional.
Una cosa es la garantía de la doble instancia, que es un derecho humano, pero agregar una tercera instancia que no es excepcional sino de revisión, es dilatar el proceso irrazonablemente, sobre todo si tenemos en cuenta que los jubilados no pueden esperar más para que se les pague lo que les corresponde.
Como la Cámara Federal de la Seguridad Social y la Corte Suprema ya se han manifestado a favor de los reclamo de los jubilados, el objetivo es crear una nueva cámara de casación que responda al gobierno.
En conclusión, va a terminar siendo la instancia judicial de la ANSeS
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