sábado, 19 de julio de 2014

Irregularidades en el plan alimentario de jubilados

Informe de la Auditoría General sobre el PAMI 

  • Daniel Santoro

La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó una serie de irregularidades en el programa del PAMI a través del cual se le entregan bolsas con alimentos a jubilados que viven en situación de pobreza. El organismo de control, que depende del Congreso, puntualizó que muchas compras de alimentos se hicieron en forma directa y que faltan facturas para evitar el doble pago.

El PAMI en el 2011 gastó 562 millones de pesos en el llamado programa Pro-Bienestar, y en 7 meses 2012 otros 357 millones. El programa brinda asistencia a 477.182 jubilados y participaron 2.712 centros de jubilados y pensionados de todo el país.

La obra social de los jubilados la dirige desde el 2009 Luciano Di Césare, quien se autoasignó un polémico sueldo de 100 mil pesos mensuales y compró un edificio sin licitación pública.

La auditoría detectó que “no se asientan en las fichas individuales de los beneficiarios los datos relativos a la evaluación nutricional”, y que muchos comedores funcionan en lugares que “no exhiben habilitación municipal”. El informe puntualiza que muchos muestras “deficiencias edilicias como humedad, falta de pintura en las paredes y cielorrasos, ausencia de rampas para discapacitados y señalética”.

Además, indica que el programa “no posee cuenta bancaria exclusiva”, y “no se registran adecuadamente las facturas de los proveedores al momento de entrega para evitar doble pago”.

Más adelante, el informe de la AGN que preside Leandro Despouy, señala que “no consta compulsa de precios para la compra de los alimentos”, es decir que hay compras directas que alienta eventuales nichos de corrupción.

Por otra parte, comenta la auditoría que el programa Pro-Bienestar –ese es el nombre oficial – “carece de un plan estratégico en donde se definan los resultados esperados y se cuantifiquen los objetivos previstos”.

Despouy destacó a Clarín el importante valor social que tiene un programa como el auditado. Pero advirtió que “no hay forma de evaluar su impacto, ni encuestas a los beneficiarios ni información sobre su estado nutricional”.

“Un punto positivo a destacar es que si siguen las recomendaciones de nuestro informe, podría generarse esta información indispensable para una efectiva evaluación del programa”, dijo Despouy.

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