Debate. La cobertura se extiende, pero los esfuerzos deberían orientarse a ampliar la base de aportantes, a través de la inclusión del trabajo informal, para garantizar la sustentabilidad del sistema contributivo.
Una moratoria previsional atada a la presión tributaria
La nueva moratoria previsional es bienvenida ya que implica ampliar la cobertura previsional prácticamente al 100% y en el corto plazo se puede solventar. Pero a la vez, acentúa los interrogantes acerca de la sustentabilidad del sistema previsional en el tiempo.
Si bien la ANSeS es el único ente del Sector Público Nacional que continúa mostrando superávit en medio de un deterioro fiscal generalizado, esto no significa que el sistema de reparto puro sea superavitario o sustentable en el mediano plazo.
La elevada fracción de la recaudación de impuestos nacionales (IVA, Ganancias, etc.) que percibe la ANSeS es lo que explica esta dinámica.
En la actualidad, 4 de cada 10 pesos que ingresan a sus arcas provienen de impuestos, y son estos recursos los que le permiten realizar otras tareas: financiar al sistema previsional con dos aumentos automáticos por año, atender crecientes gastos no contributivos (AUH, conectar igualdad, Prpgresar, etc.), asistir al Tesoro, etc.
De hecho, estas cuestiones se pusieron sobre el tapete con la reciente suba en las asignaciones familiares.
La Presidenta afirmó que se pudieron financiar gracias al componente tributario (específicamente Ganancias) y no, como se venía anunciando, con los recortes de subsidios.
El metamensaje para los sindicatos fue que exigir subas en el mínimo no imponible equivale a desfinanciar el programa de la AUH.
La intención del Ejecutivo fue clara: menguar los recursos de la ANSeS implica debilitar el único bastión superavitario de un sector público cuyo déficit quiere acotarse. Pero también quedó claro que la ANSeS abarca un espectro mucho más amplio que el de administrar el sistema previsional: es el responsable primario de la política social, cubre parte del déficit del Tesoro adquiriendo títulos, financia programas productivos, otorga créditos hipotecarios, es accionista de empresas y un jugador fuerte en el mercado cambiario y crediticio.
El sistema previsional puro (aportes y contribuciones sociales menos los beneficios jubilatorios) es deficitario en alrededor de 1% del PBI. Este rojo persiste pese a que en 2009 todos los aportes pasaron a ser percibidos por la ANSeS, lo que le permitió reducirlo desde el 1,7% del PBI de 2007. Pero los ingresos previsionales sólo pasaron de representar 40% de los recursos totales entonces a 58% en la actualidad.
Los recursos tributarios aportan 37% de los ingresos de la ANSeS por dos vías: a) las detracciones directas de algunos tributos que van a las arcas de la ANSeS antes de integrar la Masa de Coparticipación Bruta, y b) el 15% de la Masa de Coparticipación Bruta que fue pensado para financiar el déficit que originó la creación de las AFJP.
Por impuestos, el año pasado la ANSeS obtuvo $ 124.000 millones, un tercio de lo que le corresponde a la Nación en su conjunto.
Los impuestos que más aportan son Ganancias e IVA, explicando entre ambos 32% del total.
Gracias a estos recursos, el déficit del sistema previsional puro se transforma en superávit, que es la fuente que se utiliza para atender otros frentes. De hecho, los gastos no contributivos (AUH, pensiones no contributivas, conectar-igualdad) vienen ganando participación: hoy representan 16% de los gastos de la ANSeS cuando en 2006 representaban 5%. Más aún, la ANSeS es el principal financiador de la política social del gobierno nacional, cubriendo la mitad del gasto de la función servicios sociales.
La cantidad de gastos que exceden la órbita del sistema de reparto no puede desligarse de la calidad de la cobertura.
Con este esquema de ingresos y gastos, la ANSeS está en condiciones de financiar el sistema de reparto (incluso con la nueva moratoria) pero no otorgar, por ejemplo, el 82% móvil. Hoy al menos 7 de cada 10 jubilados cobran el haber mínimo.
Los múltiples roles de la ANSeS son objeto de debate. Por un lado, los que defienden el actual sesgo aducen que los ingresos utilizados para financiar los gastos no contributivos provienen de recursos (IVA, Ganancias, etc.) aportados por todos los argentinos, por lo que es correcto destinar parte de ellos a partidas que exceden al sistema contributivo.
Por otro lado, se alega que por las moratorias y los crecientes gastos no contributivos no se puede garantizar el 82% móvil, la ANSeS estira las numerosas sentencias en contra por la no actualización de haberes en 2002-2006 y se incurrirá en un déficit en el mediano plazo.
Si bien ambas posturas tienen en parte verdad, la discusión de fondo es que la relación aportantes/beneficiarios es muy baja (1,6), y netear a la ANSeS tanto de sus nuevas funciones como del componente tributario, haría que el sistema previsional entre en crisis.
La reciente ampliación de la cobertura presiona aún más sobre el ratio de aportantes/beneficiarios.
Lo preocupante entonces es el 34% de empleo informal, no sólo por la precarización laboral que implica sino también porque obstaculiza la financiación del sistema. Los esfuerzos deberían apuntar a ampliar la base de aportantes (formalización laboral) para garantizar la sustentabilidad del sistema contributivo. De lo contrario, la dependencia del financiamiento vía impuestos será cada vez mayor. Se anunciaron medidas tendientes a la formalización laboral, pero éstas emergen en un marco de caída en la demanda laboral.
En síntesis, la medida es bienvenida y la Argentina exhibirá indicadores de cobertura envidiables a nivel mundial. Pero esto no debe nublar el debate sobre la calidad de esa cobertura, el replanteo de los objetivos de la ANSeS y la necesidad de incorporar mayores aportantes para garantizar que este logro se sostenga en el tiempo.