POR ALICIA TERADA DIPUTADA NACIONAL (ARI-COALICION CIVICA)
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11/10/12 – Clarin
La quita del subsidio de asistencia socio-sanitario , que fue creado en el 2005 por el PAMI como una “ayuda económica” para los jubilados que cobraban la jubilación mínima, no es una noticia menor porque la decisión oficial de dejar de pagarlo se ampara en las mentiras a las que nos tiene acostumbrado el gobierno nacional.
No sabemos ciertamente las razones esgrimidas para quitarlo , porque no existe ninguna norma o resolución oficial que autorice a dejar de pagarse el subsidio y, si existiera, no la conocemos, porque no se hizo pública. Cabe aclarar que este subsidio estaba destinado a los beneficiarios que cobran la jubilación mínima, hoy en día establecida en $1.879,67 , lo que hace evidente su necesidad ante la dificultad de una persona mayor para poder sustentarse con esos ingresos.
Entendemos que las cifras en las que se basaría la razón por la cual se dio de baja del subsidio provienen del INDEC, en cuanto al cálculo de la canasta básica total (CBT) para que una pareja de jubilados no caiga en la pobreza. Esto demuestra su completa falsedad y la insensibilidad del Gobierno , que parece no querer darse cuenta de que $45 en el bolsillo de un jubilado, que debe vivir con $1.800 durante 30 días, no es una suma insignificante. Al contrario, esa suma puede servir para comprar desde un medicamento hasta para pagar algún servicio. Porque lo que el Gobierno se niega a reconocer con sus mediciones mentirosas y arbitrarias es que los 4,3 millones de jubilados que cobran el haber mínimo son pobres.
Esto lo sabe el Gobierno ahora y lo sabía cuando la Presidenta vetó la Ley que garantizaba a nuestros jubilados el 82% móvil.
Y lo peor de todo es que lo hicieron para poder seguir usando el dinero recaudado en la ANSES como caja política para alinear intendentes con obra pública distribuida de forma absolutamente discrecional,para financiar parte de obras ajenas al sector o para malgastarlos saturando a la población con propaganda oficial. Se gastaron más de $4000 millones de pesos en tres años en transmitir el Fútbol Para Todos, si sumamos los derechos que se le paga a la AFA, los gastos de producción y publicidad oficial. La mitad de esa suma se acerca a lo que el Estado se ahorrará, a partir de ahora, en un año, al dejar de pagar esos necesarios $45 mensuales a los jubilados con haber mínimo.
No queremos discutir parches o mendigar limosnas. Pretendemos discutir un nuevo marco de haberes jubilatorios en torno al 82% móvil y exigir, a los que nos prometieron “un país en serio”, que prioricen atender las demandas sociales . Hoy parece ser que sostener el abuso de la propaganda oficial, en un espacio obtenido luego de haber convertido en una política pública la transmisión del fútbol, los enamora más que mantener una ayuda económica mínima a nuestros jubilados.
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