martes, 19 de marzo de 2013

JUICIOS DE LOS JUBILADOS

18 MAR 2013 06:07h   Clarin

El Estado apela y se agrava el colapso del fuero previsional

Ingresaron 25.000 expedientes más a la Cámara Federal porque la ANSeS desconoce los fallos de primera instancia que favorecen a los jubilados. Se sumaron a otras 30.000 apelaciones anteriores.

Por ISMAEL BERMÚDEZ
ibermudez@clarin.com

Rodeado. Un empleado de la Cámara de la Seguridad Social trabaja en medio de las montañas de expedientes. Son carpetas de juicios de jubilados que esperan una sentencia. / GUSTAVO GARELLO

Rodeado. Un empleado de la Cámara de la Seguridad Social trabaja en medio de las montañas de expedientes. Son carpetas de juicios de jubilados que esperan una sentencia. / GUSTAVO GARELLO

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La Cámara de la Seguridad Social comenzó la semana pasada a sortear entre sus tres salas unos 25.000 expedientes que corresponden a apelaciones a fallos de primera instancia que favorecieron a demandas presentadas por jubilados. La inmensa mayoría de esas apelaciones fueron hechas por la ANSeS, el organismo que administra el sistema previsional y paga las jubilaciones.

Las carpetas llegaron a la Cámara a fines de 2012, en camiones del Ejército que las trasladaron desde los juzgados de primera instancia, en Callao y Marcelo T. de Alvear, hasta la sede de la Cámara en Lavalle 1268. Esto contribuyó agravar la situación de colapso en que se encuentra este fuero.

Sucede que esos 25.000 expedientes se agregan a otros 30.000 de apelaciones anteriores que aún no fueron resueltas por las respectivas salas. A esto se agrega que en febrero hubo otras 4.886 apelaciones. La acumulación no cesa pese a que desde 2008 -por resolución de la Secretaría de Seguridad Social- la ANSeS quedó autorizada a no apelar los fallos a favor de los jubilados que fuesen similares al caso Badaro y a desistir de las apelaciones ante la Corte Suprema por las demandas de docentes.

En tanto, la cantidad de juicios de jubilados y pensionados contra el Estado no para de crecer.

En febrero ingresaron 8.492 nuevas demandas, mientras los jueces de primera instancia dictaron 5.019 sentencias y la ANSeS pagó unos 2.000 casos.

Así las cosas, nuevamente el edificio de la Cámara está colapsado. Las oficinas y pasillos están abarrotados de carpetas y lo más importante es que todo esto determina más demoras en la resolución de las demandas de los jubilados Esto pasa por el incumplimiento de la ANSeS a la legislación previsional y de los fallos de la Corte Suprema que cuestionaron el semicongelamiento de los haberes previsionales que hubo entre 2002 y 2006 (caso Badaro). La Corte reconoció por esos años un ajuste del 88,3% cuando los aumentos de haberes fueron del 10 y 21%.

La Corte también impugnó el mal ajuste de los sueldos que se toman como base para determinar el haber inicial del jubilado (caso Eliff). Y reconoció a los docentes el 82% (caso Gemelli).

Por eso, en total, los Tribunales de la Capital Federal y del interior acumulan unas 550.000 demandas, sin incluir los recursos presentados por los retirados o pensionados de las Fuerzas Armadas, Policía o Fuerzas de Seguridad.

Todo esto lleva a que el Estado acumule una enorme deuda interna. Actualmente, las sentencias que la ANSeS paga rondan en promedio los $ 160.000 por jubilado (por la retroactividad) a lo que se agrega el reajuste del haber (más del 50%).

El Estudio Bein estimó el pasivo contingente de la ANSeS en 150.000 millones de pesos, mientras que la falta de actualización de los haberes según el fallo Badaro“eleva ese pasivo contingente a razón de $ 20.000 millones por año”, precisó la consultora.

Para evitar que cada jubilado tenga que hacer un juicio, en 2008 la Defensoría del Pueblo presentó una demanda para que la ANSeS extienda a todos los jubilados la doctrina de la Corte. Desde entonces, el tema está esperando una resolución del máximo tribunal de Justicia.

Ante las 55.000 apelaciones acumuladas en la Cámara hay 3 posturas: crear más juzgados y salas, que la ANSeS deje de apelar, o que se extienda a todos los jubilados los fallos de la Corte para que no tengan que hacer juicio. Las tres salidas no son antagónicas, pero la tercera (extender a todos los jubilados la doctrina de la Corte) ayudaría a sanear el sistema y sobre todo a que se “haga Justicia”.

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