Allanan el PAMI

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• 05/11/14

Allanan el PAMI para investigar desvíos de fondos al Gobierno

Fondos

El juez Bonadio quiere saber si hace préstamos millonarios al Tesoro a costa de una caída en la calidad de sus servicios.

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El juez federal Claudio Bonadio allanó ayer la sede central del PAMI y secuestró decenas de documentos relacionados con los préstamos que la obra social de los jubilados hizo al Gobierno.
Hasta el 2011, el PAMI le había comprado letras de Tesorería por casi 3 mil millones de pesos al Gobierno (Ver análisis), a pesar de que se registró una caída en el nivel de las prestaciones que brinda a casi 4 millones de jubilados.
Bonadio ordenó el allanamiento, luego de que hace unas tres semanas atrás envió una orden de presentación al PAMI pidiendo esos documentos y le enviaron “otros registros públicos, como tomándole el pelo al juzgado”.
El personal del juzgado de Bonadio se llevó los registros de las letras de Tesorería compradas, los números de las cuentas donde se depositaron y los resúmenes que indican cuánto interés le está pagando el Gobierno al PAMI, informaron fuentes judiciales.
Durante el procedimiento también se llevaron informes sobre los fondos de garantía prestacional, de mejoramiento de prestaciones y de capacitación del personal que había creado Graciela Ocaña, ex interventora del PAMI entre el 2004 y el 2007 y actual diputada por Confianza Pública, como fondos anticíclicos. Antes del 2003, era al revés. El gobierno dos veces debió reestructurar la deuda del PAMI envuelto en graves casos de corrupción. Ocaña dejó en el 2007 fondos líquidos por 2.500 millones de pesos.
En la causa de Bonadio, abierta por una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, se investiga si el titular del PAMI Luciano Di Cesare (Ver perfil) viola la ley al prestar dinero al Gobierno a costa de una pérdida de calidad de los servicios médicos y afines a los jubilados. Stornelli citó denuncias de jubilados por mala atención registradas por el programa de TV Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata.
Ocaña denunció, cuando declaró como testigo el 9 de septiembre pasado, que el PAMI también gastaba plata en funciones que no están contempladas en la ley 19.032 que regula su actividad como, por ejemplo, un acuerdo de cooperación con el Sedronar con el registro de precursores químicos. Bonadio ordenó que se llevaran todas las constancias relativas a ese acuerdo y en el que podría haber estado nombrado, Máximo Zacarías, un allegado a la familia Kirchner que tiene en la mira la jueza federal María Servini de Cubría, en la causa de la efedrina.
En el allanamiento también se buscó las constancias relativas a la construcción, estado de obra y financiamiento de los llamados hospitales del Bicentenario en Rafael Castillo, Esteban Echeverría, Escobar, Ituzaingó, General Rodríguez y Paraná que Clarín había denunciado que registran diversos retrasos.
Ahora Bonadio analizará toda la documentación secuestrada y dentro de unos diez días decidirá qué rumbo la da a la causa y si llama a declaración indagatoria a Di Césare, un protegido del titular de la SIDE, Héctor Icazurriaga.
En lo que va de la semana, Di Césare tuvo malas noticias con la Justicia. Primero, la sala II de la Cámara Federal anuló el sobreseimiento que le había dado el juez federal Sergio Torres por autoasignarse un sueldo de unos 100 mil pesos y nombrar a unos 6 mil empleados nuevos, entre ellos la novia de uno de sus directores, tal como había adelantado este diario.