Luego del rechazo a las retenciones, las comisiones de Previsión y Presupuesto de la cámara baja iniciarán este martes el debate de otro proyecto clave
Conciente del importante papel que protagonizó luego del
conflicto con el campo, el Congreso acaparará otra vez la atención del Gobierno cuando las comisiones de Previsión y Presupuesto de la Cámara baja comiencen este martes a tratar la iniciativa sobre la movilidad de las jubilaciones.
Conciente del importante papel que protagonizó luego del
conflicto con el campo, el Congreso acaparará otra vez la atención del Gobierno cuando las comisiones de Previsión y Presupuesto de la Cámara baja comiencen este martes a tratar la iniciativa sobre la movilidad de las jubilaciones.Luego de la resonante derrota legislativa por las retenciones, el Gobierno apuesta a recomponer su fuerza parlamentaria y aspira a que los legisladores no toquen ni una coma al proyecto oficialista.Sucede que la iniciativa sobre la movilidad de los haberes se ha transformado para el Gobierno en un tema clave.
Los jubilados son uno de los sectores más castigados de la sociedad, sus ingresos son bajos y esta situación hace que inicien miles de juicios a la ANSeS reclamando actualizaciones en sus haberes. En este sentido, y de acuerdo a datos oficiales, los juicios previsionales por ajuste de haberes totalizan hoy más de 400.000 casos. Además, la cantidad de procesos iniciados por movilidad creció el año pasado un 41% respecto del año previo, a la vez que se triplicó en comparación con la cantidad de causas ingresadas en 2005.
En esta misma línea, el Estado abonará este año $2.000 millones para afrontar el pago de sentencias judiciales que ordenan una actualización de haberes. (Ver nota 'El Estado pagará $ 2000 M por ajustes jubilatorios dispuestos por la Justicia”)
El proyecto del ejecutivo intentará poner fin a toda esta situación y, además, cumplir con la intimación dispuesta por la Corte Suprema en la causa “Badaro”. En ese caso, los jueces del alto tribunal exhortaron al Congreso y al Gobierno a instrumentar los resortes necesarios para lograr la pronta sanción de una ley que garantice en forma adecuada la movilidad de las jubilaciones y pensiones.
El proyecto que el Congreso comenzará a tratar propone fijar un índice de aumentos de haberes para aplicar semestralmente, de modo que sea 'sustentable en el tiempo'.
La mejora se calculará en base a dos variables: una de salarios y la otra de evolución de la recaudación tributaria destinada a la seguridad social.
El objetivo es mantener una 'razonable proporcionalidad' entre las prestaciones previsionales y los salarios, asegurando así la sustentabilidad del sistema previsional, indican los fundamentos del proyecto.
Consultados por iprofesional.com algunos legisladores ya adelantaron que, tal como fue enviada, la iniciativa del Ejecutivo resulta “insuficiente” y no cumple con las condiciones exigidas por la Corte Suprema en la causa “Badaro”.
El gobierno se ve ahora obligado a enviar al Congreso un proyecto sobre movilidad por dos motivos: en primer lugar por el fallo emitido por la Corte en la causa “Badaro”, dictado en agosto de 2006, y en segundo término, por los miles de reclamos administrativos que recibe el ANSES y que terminaran ineludiblemente en la Justicia, sostuvo Gerardo Morales (UCR), presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta.'La movilidad no es un coeficiente de aumento como pretende el proyecto del gobierno.
El poder Ejecutivo usa el eufemismo, pero en realidad se mantiene en la misma línea de los aumentos implementados periódicamente, pero que no reconocen movilidad de los haberes sino caprichos del presidente de turno sobre el uso de los fondos públicos”, puntualizó.El senador enfatizó que 'la finalidad de la movilidad es acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor con relación a los salarios de actividad, como proponemos en nuestra iniciativa”.
La movilidad no es un reajuste por inflación. Es un mecanismo de previsión con profundo contenido social que busca mantener una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores activos”, advirtió Morales.
El legislador –que tiene una docena de iniciativas sobre movilidad para tratar- también dijo que 'el proyecto oficial no cumple con la obligación constitucional ni con lo ordenado por la Corte Suprema'.
Retroactividad
El senador Rubén Giustiniani (Partido Socialista) precisó que la iniciativa, tal como fue enviada desde el Gobierno, no solucionará la creciente litigiosidad judicial porque no establece que pasará con los períodos retroactivos.“La iniciativa contempla actualizaciones a partir de 2009 pero no soluciona el problema de una adecuada composición de los años anteriores, que serán objeto de juicios de reajuste por parte de los jubilados”, advirtió.
El legislador indicó a iprofesional.com que el proyecto que apoya, a diferencia de la iniciativa oficial, garantiza una movilidad del 82%. Además el senador cuestionó que los aumentos no se hagan operativos este año sino recién el que viene.
Sin solución
Sergio J. Alejandro, abogado laboralista y director del suplemento del Trabajo y la Seguridad Social de elDial.com consideró que el proyecto no da solución ni trata los problemas de fondo, que son objeto de gran litigiosidad en tribunales, ya que las jubilaciones se siguen calculando sin que se actualice de manera suficiente el valor histórico de los salarios de los últimos 120 meses con aportes, que son la base para estimar el ingreso del haber inicial.
El especialista dijo que la iniciativa tampoco trata el tema del achatamiento ni la retroactividad vinculada con años anteriores y generadora también de muchos juicios.“Como lo ha expresado la Corte, la reglamentación deber ser razonable y no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante su vida laboral”, sostuvo Alejandro.
El letrado argumentó que el envío del proyecto al Congreso es un primer avance, pero resulta necesario y fundamental “un análisis pormenorizado del texto debiéndose evaluar otras opciones ya que actualmente son varios los proyectos existentes en el Congreso sobre movilidad jubilatoria, y en algunos se plantean otros índices y también la reinstalación del 82% móvil”, concluyó.
Alto consenso
Sin embargo, desde la vereda de enfrente, el oficialismo es optimista y confía en que el proyecto tendrá consenso total entre los diputados.Así, el presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Díaz Roig, aseveró que tendrá un 'alto grado de consenso' el proyecto de jubilaciones móviles que comenzará a ser tratado en el Congreso.
'Hay un alto grado de consenso en el mecanismo elegido' en la iniciativa oficial, destacó Díaz Roig y estimó que, tras la ronda de consultas prevista para esta semana,'se pasará al debate que podrá ser el martes 19 de agosto'.
Díaz Roig destacó que la iniciativa 'exige que la movilidad tenga que ver con los salarios, pero también con la posibilidad de recaudación'.El proyectoLa iniciativa también propone la modificación del artículo 32 de la Ley Previsional (26.337) para fijar dos aumentos por año para los haberes jubilatorios y, además, sustituye otros dos artículos para fijar los montos del haber mensual de la Prestación Básica Universal, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias.
Por otra parte, se reemplaza el 'módulo previsional' en vigencia por el 'haber mínimo garantizado', facultando a la Secretaría de Seguridad Social a fijar una equivalencia entre ambos índices. Según se explicó, la mejora en las jubilaciones se calculará con dos variables: la variable de salarios, que va indicando la mejora de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, y por otro lado, la evolución de la recaudación tributaria destinada a la seguridad social.
Cumplir con la Corte
En agosto de 2006 la Corte Suprema estableció en la causa “Badaro” que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la movilidad de las jubilaciones “dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método”.
En esa causa el máximo tribunal hizo lugar al reclamo formulado por el jubilado Adolfo Badaro, quién solicitó un reajuste de sus haberes jubilatorios.
La Corte resaltó las facultades del Congreso para establecer los incrementos en las prestaciones mediante la ley de presupuesto anual y estableció que la movilidad jubilatoria “debía resguardarse legislando sobre el punto”.
Sin embargo los jueces decidieron diferir la creación del mecanismo específico de movilidad y esperar a que el Congreso o el Ejecutivo lo hagan, ya que existen cuestiones presupuestarias que son resorte exclusivo de esos dos poderes.
Por último, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo y al Congreso a adoptar, en un plazo razonable (un año), las medidas necesarias para garantizar la movilidad jubilatoria.Hasta el momento el Congreso ha incumplido con la sanción de esa ley.
Badaro II
El 26 de noviembre pasado, y sin que el Congreso y el ejecutivo adoptaran el mecanismo de movilidad exigido por la Corte en el plazo convenido, el alto tribunal ordenó al Gobierno actualizar un 88,6% los haberes del jubilado Badaro, que había demandado a la ANSeS. (Ver nota: 'Movilidad jubilatoria: la Corte aplicó el índice de salarios oficial')
El porcentaje de ajuste equivale a la variación que registró el índice de salarios que mide el INDEC entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006.
La Corte declaró, además, inconstitucional el artículo de la Ley de Solidaridad Previsional, que establecía que la movilidad jubilatoria se debía fijar por la Ley de Presupuesto.
De esta forma, volvió a sostener que para dar 'mayor seguridad jurídica' se debería dictar una nueva ley que fije una pauta de movilidad que sea de aplicación permanente.Sin embargo, la respuesta del Congreso volvió a ser el silencio.
De esta manera, y mediante el envío del proyecto de ley, el Ejecutivo ahora aspira a cumplir con lo solicitado por la Corte Suprema y solucionar un problema que viene siendo postergado por varios gobiernos.
Matías Debarbieri© iprofesional.com
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