La ANSeS insiste en apelar los fallos favorables a jubilados

13/11/10 - Clarin
Por ISMAEL BERMÚDEZ


A pesar del compromiso asumido ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, las cifras oficiales de la Justicia marcan que son cada vez más las sentencias a favor de los jubilados que son apeladas por la ANSeS .
En lo que va de este año, hasta octubre, las apelaciones a los fallos de primera instancia sumaron 26.083, casi un 25% más que en igual período de 2009 . Y la mayoría corresponden a la ANSeS.
Si a estas apelaciones se suman las 80.620 nuevas demandas iniciadas por los jubilados, este año la litigiosidad previsional volvería a marcar un nuevo récord . Estas nuevas demandas, se agregan a un stock de 400.000 juicios, cuyo “peso” es tal que la Corte Suprema debió declarar “feriado judicial” durante 3 semanas, hasta el próximo 19 de noviembre, en 7 Juzgados de esta Capital para que los empleados puedan trasladar expedientes a otras instalaciones.
De acuerdo al último acuerdo alcanzado a fines de 2009 ante el CIDH de la OEA, la ANSeS se comprometió a que: Todas las sentencias pendientes de ejecución serían cumplidas sin limitaciones y pagadas en regla No apelar las sentencias de primera o segunda instancia que sean favorables a los beneficiarios, en temas en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido (caso Badaro o 82% móvil de docentes) Desistir, dentro de los 60 días, de los recursos judiciales que ya se hubieran sido presentados ante la Cámara de la Seguridad Social o Corte Suprema.
Uno de los abogados que denunció al Estado argentino ante la CIDH de la OEA, Horacio González, le dijo a Clarín que “no existe ningún país en que se presente esta situación”.
El especialista relató que es inconcebible que “un Estado no respete los fallos del Máximo Tribunal de Justicia, obligue a sus ciudadanos a litigar mientras vivan, dilate deliberadamente el pago de las sentencias judiciales firmes , oponga todo tipo de excepciones y chicanas para prolongar el pleito, que se comprometa internacionalmente a no apelar sentencias dictadas conforme la doctrina fijada por la Corte, y a desistir de apelaciones innecesarias, y lo siga haciendo, y que vete la ley sancionada por el Congreso, alegando que quebraría el Estado”.
Y agrega González: “Asistimos al cierre de la mayoría de los juzgados de primera instancia de la seguridad social por el riesgo de derrumbe del edificio”.