Entre las irregularidades del pasado y un futuro incierto
EscenarioEl PAMI tiene una deuda total vencida de $ 5.000 millones. Es el gran desafío a resolver por la nueva gestión.
El PAMI está en una encrucijada. Tiene una deuda vencida de $ 5.000 millones. Con los hospitales públicos son unos $ 1.000 millones, otros $ 2.000 millones con los prestados privados y $ 2.000 millones con farmacias y laboratorios. Y carga sobre sus espaldas con denuncias de todo tipo y quejas por el déficit de sus prestaciones.
Algunas de esas deudas datan de 2012, que se fueron cancelando sólo en forma parcial, con ajustes por intereses y más deuda.A esto se agrega un déficit operativo mensual de unos $ 200 millones que agranda su endeudamiento.
Aunque la ley de creación del PAMI dice que es “una entidad jurídica de derecho público no estatal, autónoma y autárquica, con individualidad financiera y administrativa”, la historia de sus más de 40 años está salpicada de fraudes, irregularidades –muchas documentadas en informes de la AGN (Auditoria General de la Nación).
En tanto, la obra social de los jubilados no recibe ni tiene previsto percibir aportes del Tesoro Nacional, que ya le canceló o devolvió los préstamos que hizo a través de las Letras que suscribió en los últimos años.
El PAMI tiene para este año un presupuesto de $ 82.000 millones que se obtendrá de la recaudación por las contribuciones y aportes de los trabajadores activos y pasivos.
En promedio son unos $ 7.000 millones por mes que se gastan íntegramente en el pago de los servicios que presta a 5.500.000 personas, número que viene en aumento por el incremento de la cantidad de jubilados, en gran parte por las moratorias. También los gastos van en aumento por el fuerte incremento de los insumos y equipamientos médicos importados y de los precios de los medicamentos (en diciembre, los precios de los remedios al público subieron el 18,8% más que el 14,5% de la carne, según la Dirección de Estadísticas porteña).
El PAMI casi no tiene servicios propios. La atención se brinda a través de más de 20.000 prestadores públicos y privados, todo esto administrado a través 39 delegaciones regionales, 715 sucursales y 15.000 empleados.
El Defensor de la Tercera de la Edad, Eugenio Semino, le dijo a Clarín que “el PAMI arrastra problemas graves de prestaciones, como provisión de oxígeno, demoras en el otorgamiento de prótesis y, más grave aún, en internaciones geriátricas. En muchas zonas del país faltan camas para atención de enfermos agudos y de terapia intensiva”. Y agregó: “es cierto que la anterior gestión dejó deudas impagas, pero actualmente hay cortes en la provisión de medicamentos a instituciones y pacientes y también en el pago de subsidios sociales”.
Semino también dijo que “está muy bien que se investigue a la anterior administración, pero hay que resolver los problemas actuales, incluido la relación y los contratos con los prestadores que en muchos casos son parte del problema”.
¿Cómo saldrá el PAMI de este atolladero?, es la pregunta que se formulan cientos de miles de adultos-mayores que penan por una atención en tiempo y forma acorde a los tiempos actuales.
“Se requiere un esfuerzo financiero y de regulación de los gastos y nuestro compromiso es alcanzarlo hacia mayo-junio de este año”, respondió el titular del PAMI, Carlos Regazzoni.
El desafío es mayúsculo porque el pasado del PAMI –investigado a fondo con la sanción a sus responsables– no puede ser una excusa o argumento para que sus afiliados no cuenten con un nivel más alto y no más bajo de prestaciones. Más y no menos cobertura. Y más certidumbre de que van a ser atendidos acorde a los avances de la medicina y famarcología.
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