¿Los jubilados no merecen trato similar al de los acreedores?
La columna.Ismael Bermúdez
En la Argentina hay por lo menos 300.000 jubilados “me too”. Son los que presentaron demandas judiciales solicitando el reajuste de los haberes en los mismos términos que en los casos Badaro, Elliff y otros resueltos por la Corte Suprema.
A eso se agrega el reciente fallo, también de la Corte, que incrementa los haberes de los jubilados de la ex. AFJP con “renta vitalicia”, lo que en muchos casos equivale a triplicar el monto de lo que están cobrando.
Muchos de esos jubilados tienen sentencias favorables de primera o segunda instancia que, aunque acumulan 7 u 8 años de antigüedad, fueron apeladas por la ANSeS, ignorando o más bien despreciando la edad (muchos con más de 80 años) y la menor expectativa de vida de los adultos-mayores.
De ese total, el organismo previsional liquida unas 40.000 sentencias definitivas por año, pero el stock no disminuye porque todos los años ingresan miles de demandas nuevas por los mismos u otros motivos, y hasta por mala liquidación de esas sentencias.
En tanto, el Gobierno acaba de hacer una oferta a los acreedores que no tienen medidas cautelares, pero fueron incorporados en la causa como “me too”.
Así, a los que no obtuvieron una sentencia favorable del Juez Griesa, la propuesta es pagarles el 100% del capital más otro 50%. En total, recibirían 150% del reclamo original, al contado. Los fondos para ese pago provendrán de nuevas colocaciones de bonos, o sea, mayor endeudamiento..
¿Y los jubilados “me too”? En el Fuero de la Seguridad Social sigue dando vueltas una demanda de comienzos de 2008 -8 años- de la Defensoría del Pueblo que pidió extender a todos los jubilados, con o sin sentencias, los fallos de la Corte Suprema. Tampoco el Congreso aprobó proyectos de ley que ordenaban lo mismo.
Todo esto se agrava porque por la manipulación del Indice de Precios por parte del INDEC, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS fue perjudicado en la friolera de $172.000 millones.
Los cálculos, como informó Clarín, son de Javier Mutal Hodara, ex subsecretario de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Lavagna-Nielsen, y comprenden a los bonos que se ajustan por CER en poder de la ANSeS.
Así, si el Gobierno reparara ese “robo estadístico”, la ANSeS dispondría de una mayor fuente de fondeo con el que podría, por caso, cancelar todos los juicios previsionales pendientes con los jubilados.
Ismael BermúdezA eso se agrega el reciente fallo, también de la Corte, que incrementa los haberes de los jubilados de la ex. AFJP con “renta vitalicia”, lo que en muchos casos equivale a triplicar el monto de lo que están cobrando.
Muchos de esos jubilados tienen sentencias favorables de primera o segunda instancia que, aunque acumulan 7 u 8 años de antigüedad, fueron apeladas por la ANSeS, ignorando o más bien despreciando la edad (muchos con más de 80 años) y la menor expectativa de vida de los adultos-mayores.
De ese total, el organismo previsional liquida unas 40.000 sentencias definitivas por año, pero el stock no disminuye porque todos los años ingresan miles de demandas nuevas por los mismos u otros motivos, y hasta por mala liquidación de esas sentencias.
En tanto, el Gobierno acaba de hacer una oferta a los acreedores que no tienen medidas cautelares, pero fueron incorporados en la causa como “me too”.
Así, a los que no obtuvieron una sentencia favorable del Juez Griesa, la propuesta es pagarles el 100% del capital más otro 50%. En total, recibirían 150% del reclamo original, al contado. Los fondos para ese pago provendrán de nuevas colocaciones de bonos, o sea, mayor endeudamiento..
¿Y los jubilados “me too”? En el Fuero de la Seguridad Social sigue dando vueltas una demanda de comienzos de 2008 -8 años- de la Defensoría del Pueblo que pidió extender a todos los jubilados, con o sin sentencias, los fallos de la Corte Suprema. Tampoco el Congreso aprobó proyectos de ley que ordenaban lo mismo.
Todo esto se agrava porque por la manipulación del Indice de Precios por parte del INDEC, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS fue perjudicado en la friolera de $172.000 millones.
Los cálculos, como informó Clarín, son de Javier Mutal Hodara, ex subsecretario de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Lavagna-Nielsen, y comprenden a los bonos que se ajustan por CER en poder de la ANSeS.
Así, si el Gobierno reparara ese “robo estadístico”, la ANSeS dispondría de una mayor fuente de fondeo con el que podría, por caso, cancelar todos los juicios previsionales pendientes con los jubilados.
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