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Enviado por Gerardo

Casi la mitad de la plata de las jubilaciones se usa por decreto

18/10/10

Son más de $ 60.000 millones al año que se destinan a gastos que no tienen financiamiento propio. Su uso fue decidido sin debatir de dónde saldrían los recursos. Esto lo empezó a hacer Cavallo en los 90 y fue profundizado por los Kirchner.

Por Ismael Bermúdez

El Gobierno vetó el viernes pasado la ley impulsada por la oposición para restablecer el 82% en el haber mínimo y aplicar un reajuste en las jubilaciones según los criterios determinados por la Justicia. El argumento de la Casa Rosada fue que en la ley no se especificaba de dónde saldrían la plata para financiar esas mejoras para los jubilados. Y agregó que si hubiera promulgado esa norma esto implicaría “prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado”.

Sin embargo, hay un detalle que la argumentación oficial pasó por alto: la ANSeS está pagando más de $ 60.000 millones anuales en distintas prestaciones que, en la mayoría de los casos, fueron aprobadas a través de decretos sin el respaldo de un financiamiento propio o específico, cargándolos sobre el presupuesto del organismo que se ocupa de administrar el sistema jubilatorio.

Este tipo de decisiones se vienen aplicando desde la década del 90. Y las mantuvieron todos los gobiernos que sucedieron a la gestión presidencial de Carlos Menem, incluyendo a la administración de Néstor y Cristina Kirchner iniciada en 2003:

En 1994, cuando el ministro de Economía era Domingo Cavallo, se decidió transferir a la ANSeS el financiamiento de los déficit de las cajas jubilatorias militares y de las demás fuerzas de seguridad. Hasta ese momento, ”desde siempre este gasto estaba imputado al presupuesto del Ministerio de Defensa o del Interior”, según plantearon oportunamente los especialistas Amancio López y Jorge Urriza. Ese es un gasto que continúa bajo la órbita de la ANSeS. Para 2011 se prevé que el déficit de esas cajas rondará los $ 4.513 millones que serán cubiertos recursos del sistema jubilatorio.

En un acuerdo firmado en agosto de 1992 entre la Nación y las provincias se estableció que el 15% de la recaudación impositiva que se coparticipa se destinara al financiamiento del sistema previsional nacional y a otros gastos. Sin embargo, un año más tarde, a través del decreto 2443, se “asignó retroactivamente el destino de esos fondos al pago de garantías a las provincias y a gastos administrativos de la DGI”, según documentó Urriza.

A su vez, en el Pacto Federal de 1993 se estableció el “compromiso” de financiar con ese aporte los déficits por la transferencia de las cajas de jubilaciones provinciales al Sistema Nacional y luego a financiar los déficits de las Cajas no transferidas. Los gastos que paga la ANSeS por comisiones de la AFIP en el Presupuesto 2011 suman $ 674 millones.

Esa porción de 15% de los recursos coparticipables -que ingresa a la ANSeS como contribuciones figurativas”- se destina a pagar pensiones no contributivas (que no requieren que el beneficiario haga aportes para recibirlas) que administra la cartera de Desarrollo Social. Por estos compromisos, para 2011 están presupuestadas $ 11.392 millones, más los mencionados déficits de las cajas militares y de las fuerzas de seguridad.

Ya con la gestión kirchnerista, la jubilación por moratoria -que permite acceder a una jubilación a quienes no tienen aportes o cuentan con menos de 30 años de aportes- fue aprobada por un Decreto de Necesidad y Urgencia en 2005. Si bien la cuota de la moratoria se descuenta del beneficio que cobra mensualmente el jubilado, la incorporación de 2,5 millones de nuevos jubilados en un plazo muy corto obligaba a determinar una fuente de financiamiento propia, pero esto no se hizo. Según el Presupuesto 2011 este beneficio representará el año próximo $ 37.392 millones.

La Asignación Universal por Hijo se aprobó también por un DNU, sin discusión sobre cómo debería financiarse. En este caso, se resolvió además que absorbería las partidas de algunos planes sociales, como el plan Familias. Y se decretó que todo su financiamiento recaería sobre los intereses que genera el Fondo de Garantía, que administra los activos por unos $ 150.000 millones que la ANSeS heredó de las AFJP cuando se eliminó el sistema de jubilación privada. En 2011 la partida prevista para la asignación universal es de $ 10.083 millones.

Lo mismo con el plan de computadoras Conectar: insumirá $ 3.199 millones el año próximo.

Una parte de los recursos del Fondo Nacional de Empleo, que pertenecen a la ANSeS para financiar el seguro de desempleo se destina a financiar planes de empleo. En el Presupuesto 2011 suman $ 1.184 millones.

Al discutir el financiamiento para el 82%, el Gobierno parte del supuesto que el monto de los beneficios está subordinado al estado actual de las cuentas públicas. Esto supone que no se pueden revisar las exenciones impositivas, los subsidios a grupos económicos ni los pagos de la deuda. Y que no se pueden generar nuevas fuentes de ingresos, gravando la renta financiera o subiendo los aportes patronales a los niveles de 1993.

Las claves de la discusión por el 82% móvil

1 La ANSeS se hace cargo de varios gastos que se le asignaron por decreto y sin discusión sobre cómo pagarlos. Por caso, más de 910.000 pensiones no contributivas, que suman unos $ 10.000 millones anuales.

2 Cubre el déficit de las Cajas jubilatorias de militares, policías y fuerzas de Seguridad.

3 Paga los subsidios del programa de Reproducción Productiva (Repro), que se otorga a las empresas en crisis.

4 Las 2,3 millones de las llamadas jubilaciones “por moratoria”, que se dieron a gente con aportes incompletos o directamente sin aportes: son $ 27.000 millones.

5 De los intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS salen los $ 8.300 millones para el pago de la nueva Asignación Universal por Hijo. Y también el plan de computadoras portátiles para colegios y estudiantes.

Sin riesgo de default

Aún si se empezara a pagar ahora el 82% móvil, el país no enfrentaría riesgos de caer en default en los próximos meses porque la ANSeS cuenta con un superávit mayor a $ 10.000 millones que alcanzaría para pagar un eventual incremento del haber mínimo en lo que resta de 2010.