El Gobierno dice que reajustarán los haberes a dos millones de jubilados

El clima de mayor conflictividad social
Es a través del pago anticipado de juicios que incluirá el proyecto de ley que presentarán mañana. Será en forma gradual: 100.000 personas por mes. Buscan enfrentar el malestar social por inflación y tarifas.

Dos millones de jubilados cobrarán un importante ajuste en sus haberes, que pasarían en promedio de 7.000 a 11.000 pesos mensuales; eso se haría gradualmente, a un ritmo de 100.000 personas por mes. Es el efecto más importante, dicen en el Gobierno, del proyecto de ley que presentarán mañana y enviarán la semana próxima al Congreso. La iniciativa incluye además definiciones sobre el blanqueo de capitales, el acuerdo con las provincias por la coparticipación y la promoción de las pymes.

Cuando crece la conflictividad social producto de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, impulsada por la inflación y el ajuste de tarifas, el Gobierno busca poner sobre la mesa su carta mayor: pagar todos los juicios de los jubilados. “Macri siempre se planteó cancelar las grandes deudas del país: la de los holdout y la de los jubilados”, dicen en la Casa Rosada.
Abril registró una inflación del 6,5%; en mayo bajaría, pero sería igual del 3,5%. En medio empiezan a llegar las facturas con las fuertes subas del gas. La situación se tensó tanto en la Patagonia que tuvieron que convocar a todos los gobernadores. Los comedores sociales del GBA tienen cada vez más demanda, las agrupaciones piqueteras reclaman alimentos, la confianza de los consumidores cae. El escenario político empieza a complicarse. “Estamos atravesando el peor momento del Gobierno”, dijo el Jefe de Gabinete Marcos Peña esta semana. Pagar a los jubilados es la llave a la que apelarán ahora. Y bajo ese paraguas incluirán otras ideas que la oposición podría resistir, como el blanqueo de capitales y el acuerdo por la coparticipación de las provincias. La promoción de las pymes busca quitar al Frente Renovador una bandera que agitó las últimas semanas. Todo será parte del mismo texto de la ley.
“El centro del proyecto igual son los jubilados”, insisten en la Casa Rosada. Los fallos Badaro, Ellif y otros, de la Corte Suprema, ordenan reajustes generales de los haberes, que hasta ahora nunca se aplicaron. Para lograrlos, cada jubilado debe hacer un juicio, que puede demorar hasta 10 años. De aprobarse el proyecto del Ejecutivo, se pagarán todos los juicios que están en marcha (unos 300.000) y se hará lo mismo con aquellos que no iniciaron demanda pero están alcanzados por los fallos de Corte. “En las estimaciones que se manejaron estos días sobre el alcance de la iniciativa se habló de un millón de jubilados beneficiados, pero son más, son 2 millones”, señalan los funcionarios más cercanos a Macri. Es una cifra elevada, si se tiene en cuenta que hoy hay 6,5 millones de jubilados, y que en esta discusión no entran los casi 3 millones que se jubilaron con moratorias.
Cada jubilado que hace juicio tiene dos resultados: el reajuste de su haber futuro y el pago del retroactivo por la diferencia hacia atrás. Ahora accedería a ambos beneficios sin juicio. Para eso, debería firmar un compromiso en la ANSeS de que no hará más demanda, y aceptar una quita sobre el monto del retroactivo. “La quita sería más o menos lo mismo que le cobraría un abogado por hacer el juicio, del 20 al 30% del total”, dicen los funcionarios. El haber medio de ese segmento de jubilados es hoy de $ 7.000: con el reajustes pasaría a $ 11.000, estiman en la Rosada.
Pero los 2 millones de jubilados no podrían acceder a este beneficio todos juntos. “La ANSeS tiene un límite en la cantidad de trámites que podría tomar; estamos pensando en poner un cupo de 100.000 por mes: todos tendrían su reajuste de haberes en el lapso de casi dos años”, agregan. Habría prioridad para los más mayores, los enfermos, y las situaciones extremas.
Para pagar esos juicios se usarán recursos del blanqueo de capitales, dijo ayer Macri. Y del Fondo de Garantía de la ANSeS: la ley lo habilitaría, así como también permitirá que ese Fondo se utilice para prestar dinero a las provincias por la coparticipación y financiar obras de infraestructura incluidas en el Plan Belgrano, que apunta al norte del país. Una cláusula habilitará incluso la venta de acciones de empresas privadas en manos del Fondo, algo que fue prohibido por una ley de fines del año pasado.
Habrá otro tema polémico en la ley. Es que la ANSeS ya tiene resultados en rojo, paga más que lo que recauda. Se formaría entonces una comisión con la oposición, para discutir la sustentabilidad del sistema previsional. En la agenda se incluirá que en algunos años se suba la edad jubilatoria, para evitar que el sistema quiebre.