lunes, 23 de mayo de 2016

Resurgió el debate por el uso de los fondos de los jubilados

Préstamos a provincias con bajas tasas de interes
El Gobierno piensa en usar el dinero acumulado. Pero eso descapitalizaría el fondo y condicionaría los pagos futuros.

El Fondo de los jubilados volvió a estar en el centro del debate. Es porque, como parte del acuerdo por la devolución escalonada del 15% de la coparticipación, el Gobierno resolvió que la ANSeS les preste a las provincias este año a una tasa de interés del 15% anual 6 puntos del total, lo que ronda unos $35.000 millones. Sin embargo, la decisión generó una fuerte polémica y, finalmente, se decidió que los créditos serían a tasa Badlar y que la Tesorería pondría la diferencia entre el 15% y la Badlar, que está en torno al 30%, en promedio.
Emilio Basavilbaso, titular de la ANSeS, admitió que es una tasa muy baja, lo que obligaría a la ANSeS a prestar a tasas reales negativas, por lo que planteó que se revise ese punto del acuerdo con los gobernadores.
Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, sostiene que “prestar a las tasas que figuran en el acuerdo desfinancia al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS y los jubilados vuelven a pagar los ajustes de la economía”.
Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social admite que “ hay que equilibrar la masa de recursos que tienen la Nación y las provincias y que la devolución paulatina del 15% va a ayudar al federalismo y al desarrollo de las regiones del país. Pero no es una buena idea que se descapitalice el Fondo del ANSeS, que es lo mismo que usar el dinero de los actuales y de los futuros jubilados”. Y agregó: “El gobierno anterior se tentó con usar los fondos del ANSeS para obras y acciones que deberían salir de otro lado y no de la plata de los jubilados. Aquí se corre el mismo riesgo: es evidente que hay que fortalecer los recursos de las provincias con crédito accesible, pero no arriesgando la sustentabilidad del sistema de seguridad social”.
En tanto, Maximiliano Castillo, de la consultora ACM, dice que “la iniciativa de utilizar los recursos del FGS para asistir financieramente a las provincias no es nueva, pero no era lo que se preveía que iba a hacer la nueva administración. No hay que perder de vista que este tipo de financiamiento se destina a gastos corrientes y, además, se realiza a una tasa de interés real negativa ya que la tasa de interés está por debajo de la inflación. Además, tampoco están muy claros los criterios de selección de las jurisdicciones que pueden acceder a este financiamiento, ampliando los grados de discrecionalidad para el uso de estos recursos”.
Qué es y para qué sirve el FGS El FGS fue creado en 2007 y a fines de 2008 recibió, por la estatización del sistema, los fondos acumulados por las AFJP. Está compuesto por diversos tipos de activos financieros. Entre ellos, títulos públicos, acciones, tenencias de plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, valores representativos de deuda emitidos en el marco de fideicomisos y cédulas hipotecarias. En diciembre de 2008 estaba valuado en $98.224 millones de pesos, ahora ronda los $750.000 millones.
Los objetivos del FGS son preservar los recursos y atenuar el impacto negativo que sobre el régimen de seguridad social pudiese tener la evolución de variables económicas y sociales. Es, así, un fondo de reserva (o anticíclico) para atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del Régimen Previsional Público, a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales.
Para cumplir con esos fines, se fijó que los activos que integran el FGS deben tener como objetivo indelegable la rentabilidad, dado que este criterio constituye la base para la sustentabilidad a futuro del fondo. Rentabilidad entendida no sólo desde el punto de vista financiero, sino también social, dado que muchos de los proyectos que estimula y financia el FGS son multiplicadores de mano de obra, a la vez que generan consecuencias positivas para la sociedad en su conjunto.
Entre otras adulteraciones, el Fondo de la ANSeS ya sufrió una fuerte descapitalización –unos $200.000 millones–por la manipulación de la inflación del anterior gobierno ya que, con el canje de la deuda en default en 2005, recibió bonos que ajustan por el CER, o sea, por el aumento de los precios.

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