Jubilados: la responsabilidad es de Néstor Kirchner

www.clarin.com – 16.05.14

por Ismael Bermudez

Días atrás, por los juicios de los jubilados, Diego Bossio y Sergio Massa se enrostraron responsabilidades por la gestión al frente de la ANSeS. Pero ni uno ni otro dijeron que la responsabilidad fue de Néstor Kirchner.

“Ustedes no saben nada de Seguridad Social.

Solo vamos a ir aumentando la jubilación mínima porque de ahí vienen los votos. Al resto, aunque les aumentemos, nos votan en contra”.

Palabras más, palabras menos, esa fue la reiterada respuesta de Néstor Kirchner, entonces presidente de la Nación, cuando firmaba los decretos subiendo el haber mínimo que, en 2003 cobraba el 30% de los jubilados, y se negaba a incrementar los haberes al resto de los jubilados.

Esto lo decidió Kirchner, a pesar de que los especialistas advertían que la falta de movilidad general, el achatamiento de la pirámide previsional y la ruptura de la proporcionalidad de los haberes –contrarios a las leyes previsionales– desataría una avalancha de juicios.

Fue lo que efectivamente pasó. Entre enero de 2002 y diciembre de 2006, los salarios subieron el 88,6% y las jubilaciones por encima de la mínima recibieron aumentos de apenas del 10 y 22,1%. Las demandas llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en los fallos Badaro y Elliff cuestionaron el castigo brutal que sufrieron unos 2 millones de jubilados, aunque no extendió sus propias sentencias a todos los afectados, obligando a que cada jubilado iniciara su propia demanda.

Luego, la ley de movilidad no actualizó los 65/75 puntos de haberes perdidos hasta su sanción, en 2008. Por eso, hace 4 años, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de “acción colectiva” para que se extiendan a todos los jubilados los fallos de la Corte.

En mayo de 2012 ANSeS informó que replicar el caso Badaro demandaría $ 28.000 millones en el pago de retroactivos y $ 14.000 millones anuales por reajustes de haberes. Y ampliar el alcance del fallo Elliff insumiría $ 43.000 millones y $ 21.000 millones anuales en reajustes.

Por la inflación de estos dos años estas cifras son hoy un 60% superior. Como balance de la década marcan el nivel de la confiscación sufrida por cientos de miles de jubilados que aportaron durante 30 o más años de trabajo, y les reintegraron haberes licuados por la devaluación y la inflación.