Necesaria reforma previsional

El nuevo escenario socioeconómico indica que la prioridad es garantizar el derecho a una jubilación básica universal, incondicional, igual para todas las personas en edad pasiva y que sea primer pilar de un nuevo sistema de reparto público.
PorRubén Lo Vuolo.INVESTIGADOR DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO DE POLITICAS PUBLICAS (CIEPP)

El actual sistema de previsión social de Argentina es, esencialmente, el mismo que se aprobó como “régimen de reparto” en la década del noventa y con el objetivo de “competir” (en clara desventaja) con el hoy eliminado sistema de capitalización que administraban las AFJP. O sea, se pensó para “convencer” a la sociedad de que la mejor opción para la jubilación era el sistema de las AFJP y con el objetivo de que desapareciera a mediano plazo.
Ese régimen de reparto, armado con esos objetivos, es hoy el único sistema obligatorio que tiene el país .
Las bondades que se esgrimen para defender el actual sistema de previsión social no son atribuibles al mismo.
Por ejemplo, el superávit es resultado principal de los fondos acumulados en las cuentas que administraban las AFJP, de la postergación de movilidad de los beneficios desde 1994 al 2009 y de la transferencia de recursos de impuestos de la coparticipación; todos elementos heredados de la reforma del noventa y que implican un fenomenal distribución de ingresos intra e intergeneracional.
Cualquier cálculo que tome en cuenta una evolución razonable de la tasa de sostenimiento entre activos y pasivos, el cumplimiento de las normas vigentes y los rendimientos esperados de los fondos hoy disponibles, demuestra que el sistema no se puede sostener más allá de algunos años -y eso pagando beneficios que continúen en los bajos niveles de la actualidad.
El aumento significativo de la cobertura tampoco es un mérito de este sistema .
Se debe a una a una moratoria que en realidad es la prueba de que las reglas del sistema no sirven, porque de lo contrario dicha moratoria no hubiera sido necesaria ni debería seguir vigente.
Para ocultar las deficiencias del sistema para ofrecer cobertura universal, se inventó el “aporte sobre la jubilación” (o mejor, aportes fijos sobre la jubilación que se ajusta). O sea, se invirtió la lógica contributiva: el Estado primero paga la jubilación y después cobra un aporte cuyo valor se deprecia cotidianamente . Y ni siquiera así se logra la cobertura universal.
Mientras tanto persisten regímenes especiales (algunos pagando más que 82% de tasa de reemplazo y con movilidad automática), cajas provinciales transferidas a la Nación, otras que permanecen en las provincias pagando beneficios diferentes, regímenes no contributivos discrecionales, pensiones graciables, etc. A esta fragmentación se suma el poder discrecional de los funcionarios de turno para repartir los fondos de la seguridad social hacia subsidios de todo tipo, financiar al Tesoro, etc.
En síntesis, el actual sistema de previsión social, heredado de la década del noventa y sin modificaciones sustanciales, no tiene mayores méritos propios y no atiende los complejos objetivos que debe cumplir esta institución . Se impone, entonces, discutir de forma urgente la necesidad de una reforma integral , que debería haberse realizado en momentos de la improvisada estatización.
Esta reforma no debe mirar hacia un pasado excepcional ni a los superávits coyunturales de caja, sino a las tendencias predecibles hacia el futuro. El envejecimiento de la población, la creciente esperanza de vida, los cambios en la estructura productiva, las dificultades para generar empleo de calidad, la creciente incorporación de nuevos grupos al mercado de empleo, la mayor inestabilidad laboral, los cambios en la organización de la familia son nuevos elementos que indican que los tradicionales seguros sociales contributivos ya no son capaces de responder a las necesidades del bienestar de la población en edad laboralmente pasiva .
Creer que el crecimiento económico y la generación de empleo formal van a resolver estos complejos problemas es seguir alimentando un mito que atenta contra la organización eficaz e igualitaria del sistema de políticas públicas en el país. El nuevo escenario socioeconómico indica que la prioridad es garantizar el derecho a una jubilación básica universal, incondicional, igual para todas las personas en edad laboralmente pasiva y que actúe como primer pilar de un nuevo sistema de reparto público. Sobre ese piso hay que reconstruir el complemento contributivo adaptándolo a los nuevos procesos que ya son predecibles.
Los mecanismos de determinación y ajuste de los haberes deben ser conocidos y fácilmente ejecutables de pleno derecho por las personas en edad jubilatoria. Esto obliga a definir fuentes de financiamientos que sean sostenibles en el tiempo y que no puedan ser tocadas arbitrariamente por los funcionarios de turno . O sea, reglas de funcionamiento muy diferente al que actualmente imperan en el país.
Fuente Clarin 20 de Julio 2010