POR ISMAEL BERMÚDEZ
Fueron más de 10.000 en apenas dos meses. Así, el organismo gana tiempo y lleva a la larga los reclamos. Ayer tuvieron que usar camiones para trasladar las pilas de expedientes entre juzgados.
Una montaña. Así estaban apilados ayer en los pasillos de la Cámara de la Seguridad Social los expedientes que llegaron al edificio tras haber sido apelados por la ANSeS. / EMILIANA MIGUELEZ
RELACIONADAS
MÁSETIQUETAS
04/12/12 – Clarin
Los jubilados que esperaban ser atendidos ayer al mediodía en la mesa de entradas de la Cámara de la Seguridad Social –en Lavalle 1268- no salían de su asombro. Empleados de ese tribunal bajaban de un camión miles y miles de expedientes judiciales que eran apilados en el hall central del edificio.
¿Eso qué es?, le preguntó un jubilado a uno de los empleados que cargaba las carpetas.
-Son las apelaciones de la ANSeS, en octubre y noviembre . Los trasladan de los juzgados de primera instancia, en Callao y Marcelo T. de Alvear, para que sean analizados y resueltos por las Salas de la Seguridad Social que funcionan en este edificio. Suman casi 12.000 apelaciones.
Así, mientras aún continúa viva la polémica por la comparación que hizo la semana pasada la Presidenta Cristina Kirchner de las demandas de los jubilados con los fondos buitres , la Cámara de la Seguridad Social quedaba nuevamente inundada de expedientes de jubilados.
Este año, las apelaciones de la ANSeS son récord . Hasta octubre ingresaron en la Cámara 39.115 apelaciones, a pesar que ya en 2008 por la Resolución 955 de la Secretaria de Seguridad Social la ANSeSquedó autorizada a no apelar los fallos que fuesen similares al caso Badaro y a desistir de las apelaciones ante la Corte Suprema por las demandas de docentes.
En tanto la cantidad de juicios de jubilados y pensionados contra el Estado no para de crecer . Este año, hasta octubre ingresaron en el fuero porteño de la Seguridad Social unos 70.000 nuevos juicios de jubilados, mientras los jueces de primera instancia dictaron unas 40.000 sentencias y la ANSeS pagó unos 20.000 casos.
Esos juicios no son fabricados por abogados “caranchos” ni impulsados por jubilados”buitres” ni resueltos por jueces “buitres”.
Se basan en el incumplimiento por parte de la ANSeS de la legislación previsional y se incrementaron a partir de los fallos de la Corte Suprema que cuestionaron el semicongelamiento de los haberes previsionales que hubo entre 2002 y 2006 (caso Badaro).
La Corte reconoció por esos años un ajuste del 88,3% cuando los aumentos fueron del 10 y 21%.
También la Corte impugnó el mal ajuste de los sueldos que se toman como base para determinar el haber inicial del jubilado (caso Eliff). Y reconoció a los docentes el 82% (caso Gemelli).
Por eso, en total, los Tribunales de la Capital Federal y del interior del país acumulan 534.747 demandas , sin incluir los recursos presentados por los retirados o pensionados de las FF.AA., Policía o Fuerzas de Seguridad. De este total, 338.145 son expedientes considerados “activos” porque registran movimientos en los dos últimos años. El resto son “pasivos” porque no tienen movimientos en los últimos 24 meses y eso puede deberse a que el jubilado o el pensionado demandante falleció, la demanda no presentó pruebas u otras razones.
La mayoría de los juicios “activos” es por reajuste de haberes, por mala liquidación o por ejecución de sentencias por la demora en el pago del fallo.
Por ese motivo, el Estado acumula una enorme deuda interna . Actualmente, las sentencias que la ANSeS paga rondan en promedio los $ 160.000 por jubilado (retroactividad) a lo que se agrega el reajuste del haber (más del 50%).
Para evitar que cada jubilado tenga que hacer un juicio , en 2008 la Defensoría del Pueblo presentó una demanda para que la ANSeS extienda a todos los jubilados la doctrina de la Corte.
El argumento es sencillo: por qué obligar a cada jubilado a iniciar un juicio individual cuando ya se sabe que, aunque la ANSeS apele, va a obtener una sentencia favorable de la Corte, por la doctrina ya aprobada por el Alto Tribunal.
Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, el expediente está en manos de la Corte que viene demorando una resolución .
Según la ANSeS, si la Corte admite la demanda, extender Badaro a todos los jubilados costaría $ 14.136 millones anuales y Eliff otros $ 21.952 por año. Y el titular de la ANSeS, Diego Bossio, adelantó que no podría hacer frente a semejante sentencia. Así, llamativamente el organismo previsional, que junto al Banco Central más financia el déficit fiscal y que absorbe cada vez más deuda del Gobierno, declara ahora que no podría hacer frente a un fallo adverso de la Corte Suprema
No hay comentarios:
Publicar un comentario