lunes, 3 de diciembre de 2012

Oscar, el jubilado "carancho"

Si hay algo que Oscar no pierde, a sus 82 años, es el humor. “Ahora soy el carancho de la familia”, se ríe. Laura González.

Se hace cargo de los dichos de la presidenta Cristina Fernández, quien el jueves comparó a los jubilados nacionales que iniciaron juicio a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con los buitres “que se lanzan sobre el Estado”. “Los buitres y caranchos no están sólo afuera”, acusó. Y aseguró que los jubilados no les hacían juicio a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

Oscar siempre fue jubilado por el sistema de reparto. Inició en 2008 un juicio a la Anses por reajuste de haberes. “A mí me aumentaron muy poco la jubilación cuando todas las cosas subían; ahora nos suben a todos igual, pero quedé muy abajo”, cuenta. En 2001 cobraba 340 pesos, el equivalente a poco más de dos jubilaciones mínimas de entonces. Cuando inició juicio cobraba 650 pesos, pero la mínima había pasado a 641 pesos, casi lo mismo que él.

Es que, en ese período, el Estado privilegió la recuperación del haber mínimo (incluyendo las “jubilaciones de amas de casa”) y anunció 12 subas que acumularon un reajuste del 213 por ciento. Pero los que ganaban hasta mil pesos sólo tuvieron cinco subas (93 por ciento en total) y los de más de mil, cuatro subas, por el 55 por ciento.

La decisión de recuperar el mínimo se hizo con criterios discrecionales y siempre mirando la fecha de las elecciones. Puede tener su explicación política, pero la injusticia con el resto de los jubilados se cometió y hoy es palpable: hay 550 mil demandas similares pendientes, de “caranchos nacionales”, según la Presidenta.

Anses apela los fallos en todas las instancias, para ganar tiempo, pero siempre pierde. Y aun con sentencias definitivas, demora el pago. En Córdoba, hay casi 17.500 demandas pendientes por reajuste de haberes y, por día, nueve jubilados inician juicio a la Anses por lo mismo.

Fue el Estado el que aplicó esa lógica tan subjetiva para decidir quién y cuánto aumento cobraría. La ley de movilidad previsional solucionó el problema a partir de 2009: se aplica a todos igual porcentaje de aumento, dos veces al año. Pero entre 2001 y 2006, se les retaceó una suba del 88,5 por ciento (según el caso Badaro) a casi dos millones de jubilados, lo que agregaría unos ocho puntos si se extiende hasta 2008.

Los 440 mil jubilados no hicieron juicios a las AFJP porque el sistema de cálculo de la jubilación es diferente: una prestación básica universal que se pagaba a todos, públicos y privados, más una cápita en función de lo aportado en su cuenta individual. La AFJP, en definitiva, administraba la plata de cada uno.

En el reparto hay casi seis millones de jubilados que reclaman por el efecto de la inflación de sus haberes, vía la falta de reconocimiento de las subas (Badaro) como la fórmula de cálculo del haber inicial (fallo Ellif). En los dos casos, es la Anses la que ha decidido de manera unilateral cuánto hay que pagar, siguiendo fórmulas tan discutibles que la batalla se termina dando en los tribunales.

La judicialización era previsible. Es el único camino que Anses les dejó a los “caranchos”, como llamó la Presidenta a jubilados como Oscar.

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