POR SILVANA BOSCHI
Se lo exigió a la ANSeS. También pidió información sobre los juicios por haberes.
La Corte. Ricardo Lorenzetti, presidente del Máximo Tribunal, al inaugurar el año judicial.
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14/06/12-Clarin
La Corte Suprema le pidió al titular del ANSeS, Diego Bossio, que en un plazo de 30 díasinforme sobre el cumplimiento de las sentencias pendientes de pago en los juicios de jubilados, y sobre el destino de los fondos que administra ese organismo. Lo hizo en el marco de un amparo colectivo iniciado por el Defensor del Pueblo de la Nación contra el Estado nacional.
La decisión de la Corte fue firmada el martes por la mañana pero trascendió ayer, un día después de que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un plan de viviendas con fondos que administra la ANSeS . Fuentes de la Corte señalaron que la resolución había sido firmada con anterioridad a ese anuncio, y que es una tema que lleva largo tiempo de debate . Recordaron que, en mayo de 2011, Bossio ya había sido intimado para que presente un informe similar, y que tiempo después -en agosto- el funcionario tuvo un audiencia en la Corte donde dio algunas explicaciones.
En la resolución del martes, la Corte le reclamó a Bossio detalles sobre “la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos” para este año y el próximo, así como que informe sobre las “principales inversiones y rendimientos” y “el stock de bonos y letras del tesoro nacional en pesos y en dólares”. Los jueces también le reclamaron que precise “lacantidad de reclamos administrativos pendientes de resolución relacionados con el cálculo del haber inicial y/o con la movilidad de las jubilaciones y pensiones” y el número de “causas judiciales en trámite en las que se reclama un ajuste de la prestación”. La resolución fue firmada por los jueces Lorenzetti, Highton, Maqueda, Petracchi, Fayt y Zaffaroni. No firmó la jueza Carmen Argibay, quien está de licencia por cuestiones de salud.
El año pasado, Bossio había concurrido a una audiencia en la Corte para dar detalles de un informe de 300 páginas presentado ante el Tribunal. En una reunión de una hora, el funcionario explicó a los jueces que el organismo no tiene recursos suficientes para cumplir con los casi 300 mil reclamos de jubilados que pretenden que se aplique al cálculo de actualización que fijó la Corte en fallos como el caso Badaro, firmado en 2007.
Según fuentes del Tribunal, Bossio señaló que la ANSeS “no puede aplicar este fallo en todos los reclamos” –como ordenó reiteradamente la Justicia– por falta de fondos, pero “se comprometió a incrementar el pago de las sentencias”. El funcionario reiteró los lineamientos del informe donde aseguró que el costo de extender el fallo Badaro al resto de los jubilados representaría unos 14.000 millones de pesos anuales, más 28.000 millones de retroactivos que se pagarían por única vez. Pero aseguró que estos pagos pondrían a la ANSeS en situación “de riesgo institucional”.
Como consecuencia de la reunión, el año pasado se acordó crear una comisión de trabajo para estudiar cómo disminuir la litigiosidad, ya que los juicios acumulados en el sistema previsional son, según cifras del año pasado del tribunal, unos 300.000.
La causa colectiva que analiza la Corte fue iniciada por el Defensor del Pueblo, ante el aumento de “la litigiosidad en materia previsional” y la “necesidad de contar con información relevante para el análisis de las decisiones” que deba adoptar.
Según voceros de la Corte, este conflicto tiene un aspecto institucional, que consiste en estudiar cómo disminuir los litigios, y un aspecto político, ya que los fondos de la ANSeS “pueden ser destinados para una cosa o para otra”.
ANSeS ya señaló que parte de sus dificultades para hacer frente a estas sentencias tiene que ver con que sólo una parte de su recaudación va destinada al pago de jubilaciones y pensiones; otra se destina al pago de la Asignación Universal por Hijo y, finalmente, una tercera parte conforma un fondo especial con fines variados.
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