Jubilados: el fallo de la Corte alcanza a 1,5 millón de afectados

El máximo tribunal intimó a la ANSeS a que explique cómo va a pagar las sentencias. Según el Banco Ciudad, hay en juego ajustes en torno a $24.000 millones por año.

Por Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

El fallo de la Corte Suprema de hace dos semanas que intima a la ANSeS, dirigida por Diego Bossio, a que en 30 días informe sobre las demandas de los jubilados y las medidas tomadas para resolverlas “de acuerdo a los lineamientos fijados por esta Corte”, involucra al menos a 1.500.000 jubilados y pensionados.

De ese total, un 20%, 465.000 afectados, presentaron demandas en los Tribunales. Por año ingresan 100.000 demandas nuevas.

Las causas de esta “montaña” de demandas comprenden la falta de movilidad de los haberes hasta 2006 (caso Badaro), incorrecto cálculo del haber inicial por no actualizar los sueldos de referencia de acuerdo a la evolución de los salarios o por no incluir las sumas no remunerativas, no aplicación del 82% móvil a los docentes, mal pago de las sentencias liquidadas por ANSeS y decenas de otros motivos que aún subsisten, incluso para los nuevos jubilados.

En esos casos, la ANSeS debe pagar la retroactividad y los intereses acumulados y, además, reajustar los haberes de acuerdo a la sentencia en un porcentaje que depende de cada caso.

El Departamento de Estudios Económicos del Banco Ciudad de Buenos Aires estimó que por no aplicar Badaro hay una deuda con más de un millón de jubilados.

Y lo que la ANSeS “ahorró” a costa de los jubilados equivale ahora a más de $ 130.000 millones (actualizados por la inflación real).

Y como hacia delante implica ajustar los futuros haberes de acuerdo a esa movilidad, hay en juego otros $ 24.000 millones anuales.

Otro estudio, del diputado Claudio Lozano, que presentó el año pasado cuando se votó la ley de reajuste de haberes de acuerdo a los fallos de la Corte y del 82% sobre el sueldo mínimo, luego vetada por el Gobierno, estimó en $24.820 millones el impacto anual de esas medidas. Pero sin considerar la deuda acumulada ya que la ley no se pronunciaba sobre la retroactividad.

El grueso de la deuda –por la antigüedad y la gente afectada– es por el fallo Badaro. Allí la Corte sostuvo que los haberes debían ser aumentados según el índice de variación salarial del INDEC que entre enero de 2002 y diciembre de 2006 arrojó un incremento del 88,6%.

En ese lapso los jubilados recibieron varios incrementos en el haber mínimo, pero los que ganaban menos de $ 1.000 recibieron dos aumentos (10 y 11%) y los de más de $ 1.000 recibieron sólo un 11 por ciento. Así, los que se jubilaron antes de 2002 deben recibir un ajuste de entre el 54,5% y 69,9% y los que se jubilaron después un incremento menor, según el momento en que se jubilaron.

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