Se dieron muchas razones para explicar la “urgente necesidad” del Gobierno de intervenir en el directorio de las empresas en las cuales la ANSeS tiene participación accionaria. Pero falta, quizás, una: la más cínica y, quizás por eso mismo, la más acertada.
Las compañías reaccionaron de manera diversa a la pretensión oficial (basada en un cambio inopinado de las reglas que ésta misma administración dispuso) de participar en el directorio de las empresas de manera proporcional a su tenencia accionaria. Claro que vale una aclaración que no es menor: el dinero de la ANSeS no es público, no es oficial. Es dinero de los jubilados, actuales y futuros. Es decir que son fondos de las personas, no de la administración pública.
En un mercado en el cual el dinero es la razón de ser de los negocios, el Informe Económico Semanal del Banco Ciudad arroja algunas pistas sobre una posible razón para el renovado interés oficial por los dineros de la gente.
Según el Informe, “están en juego unos 6.300 millones de pesos que la ANSeS, y el Gobierno, podrían recibir en un año electoral”. Y sigue: “revisando los estados contables de las compañías heredadas por la ANSeS de las ex AFJP, se desprende que el total de ‘utilidades no distribuidas’ para el conjunto de esas firmas asciende a la friolera de $65.300 millones”, y anticipa que de tener éxito la presión oficial para que las compañías cambien su política de dividendos (algo que, por otra parte, muchos accionistas minoritarios o simples tenedores de acciones apoyaría sin dudar) y transfieran la totalidad de aquellas utilidades, “la ANSeS podría recibir unos $6.300 millones por su participación accionaria”.
Techint reaccionó de una manera, abrió la billetera multiplicando por tres los dividendos repartidos y se presentó en la Justicia. Pero no es la única empresa con abultadas utilidades sin distribuir. La incógnita sobre qué harán empresas como Banco Macro, Telecom o Petrobras se sabrá muy pronto.
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